La Fiscalía General de la Nación, con apoyo del Ejército Nacional, adelantó una nueva fase de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre bienes que estarían relacionados con el caso Lili Pink, investigación en la que el ente acusador indaga presuntas operaciones de contrabando y lavado de activos.
En esta nueva actuación fueron afectados 45 inmuebles, cuyo valor comercial supera los $184.615 millones, de acuerdo con la información suministrada por las autoridades.
El procedimiento estuvo a cargo de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales.
Los bienes intervenidos corresponden a 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en diferentes regiones del país: Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo, en Cundinamarca; Cartagena, en Bolívar; Pereira, en Risaralda; Ibagué, en Tolima, y Cali, en el Valle del Cauca.
Investigación por presunto lavado de activos y contrabando
Según la Fiscalía, el conglomerado empresarial investigado habría utilizado como fachada la comercialización de ropa femenina para facilitar el ingreso a Colombia de recursos de presunto origen ilícito y mercancía de contrabando.
La investigación se originó después de que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) detectara movimientos que consideró inusuales alrededor de varias empresas relacionadas con el conglomerado.
Entre los hechos que son materia de investigación aparecen presuntas importaciones ficticias, incrementos injustificados de facturación, empresas con representantes legales en común y movimientos financieros que no guardarían correspondencia con la capacidad económica de algunas sociedades.
Las autoridades también investigan posibles irregularidades relacionadas con costos de producción, deducciones tributarias y comercialización de productos.
Operativo inicial se realizó en Barranquilla
El caso comenzó a tomar fuerza en 2022, cuando funcionarios de la Dian realizaron una inspección a Pink Life S. A. S., casa matriz de la compañía, en Barranquilla.
Durante aquella diligencia fueron recopilados documentos físicos y elementos tecnológicos, principalmente relacionados con el área contable, que posteriormente pasaron a formar parte del material analizado por los investigadores.
La Fiscalía ha señalado que las pesquisas buscan establecer el origen de los recursos y determinar si diferentes sociedades habrían sido utilizadas para dar apariencia de legalidad a capitales presuntamente ilícitos.
La empresa, por su parte, ha rechazado los señalamientos y ha sostenido que su actividad comercial se ha desarrollado dentro del marco legal. Además, ha señalado que los hechos corresponden a una controversia jurídica que continúa en curso y que no existen conclusiones definitivas sobre las acusaciones.
La nueva ocupación de los 45 inmuebles hace parte de las medidas cautelares adoptadas dentro del proceso de extinción de dominio. Estas actuaciones son de carácter judicial y deberán avanzar conforme al proceso correspondiente para determinar la situación jurídica definitiva de los bienes.
