Bajo la estrategia de enfoque de género para el abordaje de casos que vinculan a la población LGBTI, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Darinel José Posada Tovar, conocido con el alias de Duende, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, porte o tenencia de armas de fuego agravado.
El proceso adelantado de manera conjunta entre fiscales de la Unidad Especial de Investigación (UEI) y de la Delegada para la Seguridad Territorial, se relaciona con el homicidio de la líder social Cristina Cantillo Martínez, mujer trans que defendía los derechos de la comunidad LGBTI.
Según lo establecido, el 7 de diciembre de 2021 en Santa Marta (Magdalena), sobre las 9:30 de la noche, mientras la víctima departía con sus familiares, un hombre ingresó a la vivienda ubicada en el barrio Luis Carlos Galán de esa ciudad, le disparó varias veces con una pistola 9mm y le causó la muerte.
Las labores investigativas en las que se recopilaron entrevistas y se realizaron reconocimientos fotográficos permitieron identificar a alias Duende como el presunto autor material del crimen.
Además, se evidenció que este hombre al parecer se desempeñaba como sicario del grupo armado Los Pachenca, con injerencia en el departamento de Magdalena.
Ante la contundencia de los elementos materiales probatorios y por solicitud del ente acusador, un juez de garantías expidió la orden de captura que fue materializada el pasado 30 de enero, durante una diligencia de allanamiento y registro por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos a la UEI, el Cuerpo Élite de la Policía Nacional y el Gaula militar, en una vivienda del barrio La Esperanza, en Neiva (Huila), donde supuestamente se escondía de las autoridades.
En las audiencias concentradas, alias Duende no aceptó su responsabilidad por el hecho que se le atribuye y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro de reclusión por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Santa Marta, con funciones de control de garantías.
La Fiscalía General de la Nación continúa en su esfuerzo por judicializar a los responsables de crímenes contra defensores de derechos humanos, líderes sociales o exintegrantes de grupos armados que retornaron a la vida civil.
