El departamento del Atlántico cerró febrero con 91 homicidios, una cifra que no solo resulta alarmante, sino que confirma el deterioro sostenido de la seguridad y la pérdida de control institucional sobre amplias zonas del territorio. Lejos de ser hechos aislados, los asesinatos revelan una violencia sistemática, cada vez más visible, letal y extendida.
La situación es especialmente crítica en Barranquilla, donde se registraron 43 homicidios, lo que equivale a casi la mitad de todos los asesinatos ocurridos en el departamento en apenas un mes. La capital pasó de 27 homicidios en febrero del año pasado a 43 en el mismo periodo de este año, un incremento cercano al 59 %, sin que hasta ahora se conozcan resultados contundentes que expliquen o frenen esta escalada.
Área metropolitana: violencia en expansión y sin contención
El panorama en el área metropolitana confirma que las estrategias actuales no están funcionando. En febrero del año anterior, los homicidios se distribuyeron así:
Barranquilla: 27 casos
Soledad: 13 casos
Galapa: 2 casos
Malambo: 2 casos
Puerto Colombia: 2 casos
Hoy, la cifra de 43 homicidios solo en Barranquilla demuestra que el problema no se contuvo, sino que se agravó, mientras sectores enteros de la ciudad siguen siendo escenarios repetidos de sicariato, ajustes de cuentas y control armado del microtráfico.
Municipios: la violencia ya no respeta fronteras
La criminalidad tampoco se detuvo en la capital. En los 18 municipios del departamento del Atlántico se reportaron homicidios, reflejando una expansión territorial de las estructuras criminales, ante la ausencia efectiva del Estado.
Los casos registrados en febrero fueron:
Sabanagrande: 5 homicidios
Baranoa: 4 homicidios
Ponedera: 3 homicidios
Sabanalarga: 1 homicidio
Polonuevo: 1 homicidio
Luruaco: 1 homicidio
Municipios que históricamente eran considerados de baja incidencia criminal hoy aparecen en las estadísticas, lo que evidencia una reacción tardía y desarticulada de las autoridades.
Sicariato, armas ilegales y control criminal
Fuentes judiciales indican que la mayoría de los homicidios fueron perpetrados con armas de fuego, en hechos asociados a disputas entre bandas criminales, economías ilegales y control de territorios estratégicos. Sin embargo, los operativos anunciados, consejos de seguridad y patrullajes reactivos no se han traducido en una reducción real de los asesinatos.
La percepción ciudadana es clara: los criminales actúan con mayor osadía, a plena luz del día y en zonas residenciales, mientras las respuestas oficiales llegan tarde o se limitan a comunicados y promesas.
Cifras que cuestionan a las autoridades
Con 91 homicidios en solo 28 días, febrero se consolida como uno de los meses más violentos del último año en el Atlántico, dejando en evidencia fallas graves en prevención, inteligencia y judicialización.
La pregunta que hoy queda sobre la mesa es inevitable:
¿Quién responde por esta escalada de violencia y qué acciones concretas se tomarán para evitar que marzo supere estas cifras?
Mientras tanto, la estadística sigue creciendo y la sensación de inseguridad se instala como una constante en barrios, corregimientos y municipios, en un departamento donde la violencia avanza más rápido que las soluciones.
