La solicitud fue presentada mediante una carta dirigida al presidente De La Espriella, al ministro de Justicia, Iván Cancino, y al canciller, Omar Bula, en la que los familiares cuestionan las condiciones en las que se ha desarrollado el proceso judicial haitiano y solicitan que se activen mecanismos diplomáticos y jurídicos para conseguir el traslado de los detenidos.
Según los familiares, la crisis institucional y los problemas que, aseguran, existen dentro del sistema judicial de Haití han impedido que el proceso avance con las garantías que consideran necesarias.
“Han transcurrido cinco años desde su detención y en este tiempo la profunda crisis institucional y la corrupción que han primado en el sistema de justicia haitiano han impedido que se surta un juicio con las garantías mínimas de un debido proceso”, señala la comunicación.
Las familias sostienen además que los militares no han podido presentar ante un tribunal las pruebas que, según ellas, respaldarían su versión de los hechos.
Por esa razón, solicitaron al Gobierno colombiano estudiar diferentes alternativas para conseguir que los procesados puedan regresar al país y enfrentar aquí un eventual proceso judicial con garantías.
Entre las opciones planteadas aparecen figuras como la extradición, deportación humanitaria, traslado de personas procesadas o condenadas, intercambio de detenidos e incluso la expulsión hacia Colombia.
Las familias consideran que algunas de estas alternativas deberían ser evaluadas teniendo en cuenta el tiempo que los militares llevan privados de la libertad sin una sentencia en firme, según lo expuesto en la carta.
El caso se remonta a julio de 2021, cuando el presidente haitiano Jovenel Moïse fue asesinado en su residencia en Puerto Príncipe. Un grupo de exmilitares colombianos terminó involucrado en la investigación y fue detenido por las autoridades haitianas.
Los colombianos han sostenido que viajaron a Haití después de aceptar una oferta de trabajo relacionada con labores de seguridad privada. De acuerdo con versiones conocidas durante el proceso, fueron contactados para participar en una operación que, según les habrían informado, estaba relacionada con la captura de una persona requerida por autoridades estadounidenses.
La situación judicial de los colombianos ha estado marcada por diferentes cambios. En agosto pasado, la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Velásquez, aseguró que las condiciones de reclusión habían mejorado gracias a gestiones diplomáticas adelantadas desde 2023.
La diplomática explicó que los detenidos fueron trasladados a un centro penitenciario con mejores condiciones, obtuvieron abogados de oficio y pudieron establecer comunicación periódica con sus familias.
También señaló que el proceso judicial había tenido un primer fallo en el que los colombianos fueron considerados cómplices y no responsables directos del magnicidio, pero que esa decisión posteriormente fue anulada tras un cambio de jueces, lo que llevó a reiniciar el proceso.
Este antecedente es uno de los elementos que ahora ponen nuevamente el caso en el radar del Gobierno colombiano.
Las familias consideran que Colombia debe asumir un papel más activo y buscar con las autoridades haitianas una fórmula que permita resolver la situación de los militares, quienes permanecen detenidos desde 2021.
La petición llega además en un momento en el que la administración De La Espriella ha mostrado una política exterior y de seguridad enfocada en fortalecer la cooperación internacional y perseguir judicialmente a personas vinculadas con organizaciones criminales. En las últimas semanas, el Gobierno ha autorizado y materializado varias extradiciones como parte de esa estrategia.
Ahora, las familias esperan que esa misma capacidad diplomática pueda utilizarse para buscar una solución al caso de los colombianos detenidos en Haití.
El pedido central es que el Gobierno evalúe todas las herramientas disponibles y determine si existe una vía jurídica y diplomática que permita que los militares puedan ser trasladados a Colombia, donde, según sus familiares, podrían acceder a un proceso con mayores garantías.
Mientras tanto, el expediente por el asesinato de Jovenel Moïse continúa siendo uno de los casos judiciales más complejos de Haití y mantiene a los exmilitares colombianos en el centro de una investigación internacional que, cinco años después del magnicidio, todavía no ha cerrado definitivamente el capítulo sobre su responsabilidad.
