Willinton Henao Gutiérrez, conocido como alias Mocho Olmedo y señalado cabecilla del Frente 33 de las disidencias de las Farc, fue extraditado a Estados Unidos junto con otros cinco privados de la libertad. Una corte de Florida lo requiere para que responda por presuntos delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos.
La extradición marca un nuevo capítulo en el caso de Henao Gutiérrez, cuya entrega a las autoridades estadounidenses había sido frenada durante el gobierno de Gustavo Petro, debido a su participación en los procesos de la llamada política de paz total como vocero de ese grupo armado.
Además de los cargos que deberá enfrentar en Estados Unidos, la Fiscalía colombiana lo señala de presuntos delitos de concierto para delinquir, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y reclutamiento ilícito.
De acuerdo con el ente investigador, alias Mocho Olmedo habría tenido un papel central en la confrontación armada entre el Frente 33 de las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que comenzó el 16 de enero de 2025 en diferentes sectores del Catatumbo, Norte de Santander.
Las investigaciones también lo relacionan con hechos de violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos. Entre los casos mencionados por la Fiscalía está el asesinato de un líder comunitario y delegado de la Junta de Acción Comunal de la vereda Guachimán, en Tibú.
Según la reconstrucción de los investigadores, el 17 de enero de 2025 hombres armados ingresaron a la vivienda de la víctima, la sacaron por la fuerza y la trasladaron hasta una zona despoblada cercana a una mina de carbón, donde fue asesinada.
La Fiscalía también le atribuye responsabilidad en 31 hechos de desplazamiento forzado ocurridos entre el 16 y el 20 de enero de 2025. En ese periodo, presuntos integrantes del Frente 33 habrían amenazado a habitantes de distintos sectores de Tibú y El Tarra, obligando a 84 personas a abandonar sus viviendas.
Con su traslado a Estados Unidos, Henao Gutiérrez deberá comparecer ante la justicia de ese país por los cargos que motivaron la solicitud de extradición. En Colombia, los señalamientos por delitos relacionados con el conflicto armado corresponden a investigaciones distintas y deberán seguir su curso ante las autoridades competentes.
