La disputa entre antiguas integrantes del círculo de confianza de Gustavo Petro tomó un nuevo rumbo. Laura Sarabia salió al paso de las acusaciones de Eva Ferrer y Angie Rodríguez, rechazó los señalamientos que la relacionan con un supuesto chantaje al entonces presidente y lanzó un desafío directo a sus denunciantes: presentar pruebas ante las autoridades.
La controversia vuelve a poner bajo la lupa las relaciones de poder, los nombramientos diplomáticos y las diferencias internas que rodearon al Gobierno Petro. Lo que antes se discutía dentro de los despachos oficiales ahora se ventila públicamente, con acusaciones que podrían tener consecuencias políticas y judiciales si llegan a ser respaldadas por elementos verificables.
“Es importante que dejemos de dar entrevistas y vayamos con pruebas ante las autoridades, porque son ellos los que deben determinar si hay algo ilícito en nuestras actuaciones”, afirmó Sarabia, según declaraciones publicadas por Diario La Libertad este martes 13 de octubre.
Su pronunciamiento se conoce en medio de la divulgación de nuevas denuncias de Ferrer, antigua consejera de Verónica Alcocer, y de afirmaciones de Rodríguez sobre presuntas presiones dentro del Ejecutivo.
Sarabia contradice la versión sobre Verónica Alcocer
Uno de los puntos de fricción es el supuesto papel que habría desempeñado Verónica Alcocer en el regreso de Sarabia al Gobierno.
Ferrer habría sostenido que esa reincorporación obedeció a un acuerdo con la entonces primera dama. Sarabia negó esa versión y atribuyó la decisión directamente a Gustavo Petro.
“Verónica Alcocer no tiene nada que ver con mi regreso, el que lo decidió fue el presidente de ese momento, Gustavo Petro”, manifestó.
La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia también aseguró que, durante su gestión, Alcocer nunca le solicitó revisar contratos que presentaran irregularidades.
“Nunca me pidió revisar un contrato con alguna irregularidad”, declaró.
Las dos versiones abren interrogantes sobre las circunstancias del regreso de Sarabia a la administración, las gestiones que pudieron precederlo y el papel que desempeñaron las personas cercanas al mandatario. Por ahora, las declaraciones conocidas no bastan para establecer que hubiera existido un pacto irregular.
El nombramiento diplomático que desató otra controversia
La tensión también se concentra en la acusación de Angie Rodríguez, quien afirmó que Sarabia habría chantajeado a Petro para obtener la Embajada de Colombia en el Reino Unido.
Rodríguez pidió, además, que se investigara si Sarabia conservaba fotografías o videos del mandatario y si habría intervenido en decisiones oficiales cuestionadas.
Sarabia negó el supuesto chantaje y cuestionó que las acusaciones se divulguen públicamente sin que se presenten ante las autoridades las pruebas correspondientes.
“Chantajear o extorsionar a cualquier persona es un delito en nuestro país”, señaló.
El episodio plantea preguntas que todavía necesitan respuestas: ¿qué elementos respaldan la acusación?, ¿hubo comunicaciones relacionadas con el nombramiento diplomático?, ¿existen denuncias formales y pruebas que puedan ser examinadas por los investigadores?
Hasta el momento, la información divulgada no permite dar por probado que Sarabia hubiera chantajeado al expresidente. La acusación debe ser contrastada por las autoridades y no puede confundirse con una responsabilidad establecida.
El caso Marelbys Meza vuelve a la discusión
Sarabia también se refirió al episodio de Marelbys Meza, su exempleada doméstica, cuya situación se convirtió en una controversia nacional después del robo de un maletín en la vivienda de la exfuncionaria y de las actuaciones posteriores para investigar el caso.
La exdirectora del Dapre afirmó que no existen negociaciones de principio de oportunidad con la Fiscalía y sostuvo que mantiene un acuerdo de justicia restaurativa con Meza.
Este antecedente vuelve a conectar a Sarabia con uno de los episodios más cuestionados de su trayectoria en el Gobierno, aunque la situación jurídica de cada involucrado debe evaluarse de acuerdo con las actuaciones y decisiones correspondientes.
La Procuraduría llama a declarar a Eva Ferrer
En paralelo, la Procuraduría General de la Nación citó a Ferrer para que entregue su versión sobre las denuncias divulgadas recientemente. De acuerdo con información publicada por El Universal, otras cinco personas mencionadas por ella también fueron llamadas a declarar.
La actuación del Ministerio Público busca recoger información y contrastar los señalamientos. La citación no significa que las acusaciones estén demostradas ni que las personas mencionadas sean responsables de alguna irregularidad.
Las declaraciones que se rindan podrían ayudar a precisar el alcance de las denuncias y establecer si existen elementos que justifiquen nuevas actuaciones disciplinarias.
Una disputa que exige algo más que declaraciones
El enfrentamiento entre Sarabia, Ferrer y Rodríguez deja al descubierto una profunda fractura entre personas que estuvieron cerca del poder presidencial. Sin embargo, la gravedad de las acusaciones obliga a separar la confrontación política de los hechos que puedan demostrarse.
Sarabia exige pruebas y niega las imputaciones; Ferrer ha divulgado señalamientos sobre presuntas irregularidades, mientras Rodríguez ha planteado acusaciones relacionadas con el nombramiento diplomático.
El desenlace dependerá de lo que puedan establecer las autoridades a partir de testimonios, documentos y otros elementos verificables. La atención ahora se centra en determinar si las denuncias trascienden el enfrentamiento público y se convierten en hallazgos concretos dentro de investigaciones formales.
