Al cumplirse una década de la histórica jornada del 2 de octubre de 2016 en la que las urnas le dijeron ‘NO’ al texto original del Acuerdo de Paz con las extintas FARC, el expresidente Álvaro Uribe Vélez emitió un mensaje de balance sobre las consecuencias de la negociación y trazó una hoja de ruta con las urgencias del país. El líder político enfatizó que, diez años después, la prioridad nacional debe concentrarse en enmendar los desequilibrios de seguridad e institucionalidad que dejó la implementación.
Balance sobre narcotráfico, Fuerza Pública y la JEP
Disparo del narcotráfico y violencia: Uribe puntualizó que uno de los impactos más gravosos del proceso fue el vertiginoso aumento del narcotráfico, señalando que la producción y envío de sustancia pasó de 150 toneladas en 2010 a más de 2.100 toneladas de cocaína en 2024, alimentando a las estructuras armadas en las regiones.
Cuestionamiento a la JEP e impunidad: El exmandatario fustigó los fallos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que contemplan sanciones restaurativas para los exintegrantes del Secretariado de las FARC, argumentando que dichos esquemas consolidan la impunidad frente a delitos de extrema gravedad.
Alivio judicial para soldados y policías: Ante lo que calificó como inequidades del sistema transicional, Uribe planteó la necesidad urgente de promover un marco legislativo que limite a cinco años las penas privativas de la libertad para los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el conflicto, asegurando esquemas restaurativos que les otorguen seguridad jurídica.
Con este pronunciamiento, el expresidente reafirma la vigencia de la visión del ‘NO’, llamando al Estado y a las fuerzas institucionales a cerrar filas para erradicar las finanzas del crimen organizado y devolverle la seguridad jurídica a los integrantes de la Fuerza Pública
