En una clara acción de purga institucional y depuración del sector de la seguridad privada, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la cancelación y suspensión de licencias de funcionamiento a varias compañías de vigilancia señaladas de presuntas irregularidades en el control de armas y de servir como fachadas operativas para estructuras delictivas como ‘Los Costeños’ y el ‘Clan Vega Daza’. Por directriz del Ejecutivo, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) intensificó las investigaciones administrativas y el rastreo de armamento faltante.
Estado de las licencias, empresas intervenidas y acciones de la Supervigilancia
Firmas sancionadas y estatus de licencias: El jefe de Estado detalló la situación jurídica de las compañías intervenidas:
Maximus Seguridad Privada Ltda.: Licencia cancelada de forma definitiva.
Blink, Lost Prevention y Atenas Seguridad Privada Ltda.: Con decisiones administrativas de cancelación pendientes de quedar en firme.
OL Security Group–Servisecurity: Permanece suspendida y su trámite de cancelación definitiva está en curso.
Caso de la empresa Atenas en Barranquilla: Tras haber logrado reabrir sus operaciones mediante un recurso resuelto en julio de 2026, la empresa enfrenta una nueva decisión de cancelación emitida por la actual administración tras reevaluarse sus fallas en el control de armamento e investigación por presuntos nexos con ‘Los Costeños’ y el ‘Clan Vega Daza’.
Rastreo de armamento e investigación judicial: Las autoridades operativas y de inteligencia adelantan gestiones urgentes para dar con el paradero de un lote de armas de fuego faltantes en los inventarios de estas empresas, buscando establecer las responsabilidades penales e individuales de sus directivos.
Ofensiva nacional contra fachadas delictivas: La Supervigilancia mantiene bajo revisión más de 31 licencias de funcionamiento a nivel nacional. Frente a estas medidas, el mandatario fue enfático en la directriz del Gobierno: “La seguridad no es fachada del crimen… Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes”.
Con esta intervención, el Gobierno nacional ratifica el monopolio estatal de las armas, imponiendo una vigilancia rigurosa sobre los particulares y cerrando de manera definitiva los vacíos regulatorios que alimentaban el crimen organizado en las principales capitales del país.
