El presidente Abelardo de la Espriella anunció nuevas directrices para fortalecer los controles sobre las empresas de vigilancia y seguridad privada del país, en medio de investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de armas y posibles conexiones con estructuras criminales.
A través de una publicación, el mandatario aseguró que desde la llegada del nuevo superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada impartió una instrucción para identificar y actuar contra empresas que, según las investigaciones, podrían estar siendo utilizadas como fachada por organizaciones delincuenciales.
“¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!”, manifestó De la Espriella al referirse a las actuaciones que adelanta la Supervigilancia.
El mandatario mencionó específicamente a empresas como Maximus, Blink, Lost Prevention, Atenas y OL Security Group–Servisecurity.
Según De la Espriella, Maximus tiene actualmente la licencia cancelada, mientras que para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación que todavía están pendientes de quedar en firme. En el caso de OL Security Group–Servisecurity, señaló que permanece suspendida mientras avanza el trámite correspondiente.
Las actuaciones contra estas compañías se producen en un contexto de controles reforzados por parte de la Superintendencia. En 2025, la entidad había informado sobre la suspensión de las licencias de cinco empresas con sede principal en Barranquilla: Maximus Seguridad Privada, Seguridad Privada Lost Prevention, Atenas Seguridad Privada, Blink Seguridad Privada y OL Security Group. Entre los hallazgos preliminares reportados entonces estaban posibles fallas en la custodia y trazabilidad del armamento y eventuales vínculos de personas relacionadas con una de las empresas con estructuras delictivas.
¡La seguridad privada no puede servir de fachada al crimen!
Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse.
La Supervigilancia avanza contra…
— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 1, 2026
En abril de 2026, además, la Supervigilancia anunció la suspensión de 31 licencias en distintas regiones del país como parte de actuaciones relacionadas con presunta infiltración criminal en empresas de vigilancia privada.
El foco está puesto en las armas
Uno de los puntos centrales de la orden presidencial está relacionado con el control del armamento que manejan las empresas de seguridad privada.
De la Espriella aseguró que se deben esclarecer las circunstancias relacionadas con las armas que presentan inconsistencias y determinar dónde terminaron aquellos elementos cuyo paradero no esté debidamente establecido.
“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes!”, expresó el mandatario.
La Supervigilancia tiene entre sus funciones la inspección, vigilancia y control de las empresas del sector, además de los procedimientos administrativos relacionados con sus licencias de funcionamiento. La entidad dispone también de mecanismos para consultar multas y sanciones impuestas a las empresas vigiladas.
En el caso de Atenas, por ejemplo, la Supervigilancia informó en mayo de 2026 que, después de revisar el proceso administrativo y garantizar el derecho de defensa, volvió a ordenar la cancelación de su licencia mediante una resolución expedida el 20 de marzo.
Investigación sobre posibles nexos con estructuras criminales
En su pronunciamiento, De la Espriella también mencionó investigaciones relacionadas con posibles conexiones de empresas de vigilancia con organizaciones como Los Costeños y el Clan Vega Daza.
Estas referencias corresponden a investigaciones y actuaciones de las autoridades, por lo que la eventual responsabilidad penal de personas o empresas deberá ser determinada por las autoridades competentes mediante los procedimientos correspondientes.
El presidente aseguró que su Gobierno continuará con controles en diferentes regiones del país para identificar posibles irregularidades dentro del sector.
“Vamos a ir departamento por departamento, rincón por rincón de la patria, acabando con las fachadas de los delincuentes”, afirmó.
De la Espriella agregó que quienes tengan responsabilidades deberán responder ante la justicia, independientemente de quiénes sean.
La Supervigilancia, por su parte, ha señalado que sus procesos administrativos deben garantizar los derechos de defensa y contradicción de las empresas investigadas.
