La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio sobre 25 bienes que estarían relacionados con seis personas investigadas por el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Entre los afectados aparecen los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, quienes enfrentan un proceso judicial ante la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con la información conocida sobre la decisión, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, adelantó diferentes actividades de investigación para establecer el origen y la relación de los bienes con los hechos que son materia de investigación.
En total, las medidas alcanzan 19 inmuebles y seis sociedades, ubicados o registrados en Bogotá, Medellín, Montería, Pasto, Chachagüí, Sopó, Tabio, Cúcuta, Villavicencio y Sabana de Torres. El valor preliminar de los activos afectados se aproxima a 20.000 millones de pesos.
Entre los bienes señalados figuran propiedades que estarían relacionadas con Iván Name Vásquez, expresidente del Senado, y Andrés Calle Aguas, quien presidió la Cámara de Representantes. También aparecen activos vinculados al exdirector de la UNGRD Olmedo López, el exsubdirector Sneyder Pinilla, el exasesor jurídico Pedro Rodríguez Melo y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
Según la medida, cuatro activos ubicados en Bogotá, Juan de Acosta (Atlántico), Villavicencio y Sopó estarían relacionados con Name. En uno de esos casos, la medida cautelar recae únicamente sobre el 33 % del inmueble que correspondería al exsenador.
En el caso de Calle, la Fiscalía incluyó cuatro inmuebles localizados en Montería, mientras que otros activos estarían vinculados con los demás investigados. Un inmueble en Medellín correspondería a Olmedo López; otro en Sabana de Torres estaría relacionado con Sneyder Pinilla; y un predio ubicado en Tabio, Cundinamarca, con Pedro Rodríguez Melo.
Asimismo, siete bienes ubicados en Pasto, Chachagüí y Cúcuta tendrían relación con el contratista Luis Eduardo López Rosero.
La investigación patrimonial está relacionada con el entramado de contratación irregular que se habría desarrollado alrededor de la UNGRD y con la presunta desviación de recursos públicos destinados a la atención y mitigación de emergencias.
Uno de los principales capítulos del caso está relacionado con el contrato para la adquisición de 40 carrotanques destinados a transportar agua potable hacia La Guajira. La contratación quedó bajo investigación por presuntos sobrecostos y otras irregularidades, mientras que varios de los involucrados han reconocido participación en hechos relacionados con el escándalo.
En paralelo, Iván Name y Andrés Calle fueron llamados a juicio por la Corte Suprema de Justicia. La acusación señala presuntos delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, dentro de una investigación que busca establecer si recibieron recursos a cambio de favorecer el trámite de iniciativas legislativas de interés para el Gobierno nacional.
La Fiscalía sostiene que las medidas sobre los bienes hacen parte de una línea investigativa destinada a identificar y verificar el patrimonio de los presuntos involucrados, así como establecer si determinados activos y sociedades fueron utilizados para facilitar las operaciones investigadas o para dar tránsito a recursos presuntamente obtenidos de manera irregular.
La extinción de dominio corresponde a un proceso de carácter patrimonial y las medidas cautelares no constituyen, por sí mismas, una declaración de responsabilidad penal de sus propietarios o vinculados. La situación jurídica de los excongresistas y de los demás investigados deberá definirse dentro de los respectivos procesos judiciales.
