El senador Enrique Gómez anunció que llevará al Congreso un proyecto de acto legislativo con el que pretende modificar el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), particularmente frente al tiempo de vigencia de esta jurisdicción transicional y al desarrollo de su etapa de juicio.
La propuesta fue presentada durante una entrevista con Mañanas Blu, en medio de la discusión sobre el presupuesto de la justicia para 2027 y del debate político que existe alrededor del futuro de la JEP.
Uno de los principales puntos planteados por Gómez consiste en impedir una eventual prórroga del periodo de funcionamiento de la jurisdicción. Su iniciativa también busca que los cinco años adicionales previstos para concluir la actividad jurisdiccional, en caso de que sean necesarios, no sean desarrollados por la JEP sino por los tribunales de Justicia y Paz.
El senador sostuvo que la intención es trasladar esa fase a una estructura judicial que ya se encuentra en funcionamiento y utilizar los recursos que actualmente demanda la JEP para fortalecer otras áreas de la administración de justicia.
¿Qué establece actualmente la Constitución?
El planteamiento de Gómez se refiere a una posibilidad de prórroga que ya está contemplada en el marco constitucional de la JEP.
El Acto Legislativo 01 de 2017 estableció que la jurisdicción tendría un plazo de 10 años para la presentación de acusaciones y un periodo posterior de cinco años para concluir su actividad jurisdiccional. La misma norma contempla que ese último periodo puede ser prorrogado mediante ley, a solicitud de los magistrados de la JEP.
La Corte Constitucional precisó posteriormente que esa posibilidad no puede utilizarse de manera indefinida. En la sentencia C-538 de 2019 estableció que la prórroga solo puede realizarse una vez, por un máximo de cinco años, de manera que la vigencia de las instancias jurisdiccionales de la JEP no puede superar los 20 años desde su constitución efectiva.
Por ello, la propuesta anunciada por Gómez busca modificar ese escenario para impedir que se utilice la extensión de cinco años contemplada actualmente en el ordenamiento.
Trasladar los juicios a Justicia y Paz
El segundo componente de la iniciativa consiste en que los procesos que deban continuar durante esa etapa no permanezcan en la JEP.
Según explicó el senador, su intención es que esos cinco años adicionales sean asumidos por los tribunales de Justicia y Paz, con el argumento de que esa estructura judicial ya está operando.
La propuesta supondría, por tanto, una modificación del esquema constitucional y legal que actualmente determina las competencias de la JEP. El Acto Legislativo 01 de 2017 establece que esta jurisdicción tiene competencia prevalente y exclusiva sobre determinadas conductas relacionadas con el conflicto armado cometidas antes del 1 de diciembre de 2016.
Además, la Ley 1957 de 2019 establece dentro de la propia JEP una sección de primera instancia para los casos en los que no exista reconocimiento de verdad y responsabilidad, encargada de adelantar juicios contradictorios y proferir las respectivas sentencias.
La discusión presupuestal
Gómez también anunció que buscará intervenir en el presupuesto asignado a la JEP para la vigencia de 2027.
Durante la entrevista afirmó que la jurisdicción solicitó más de $800.000 millones y planteó reducir gastos relacionados con contratación, arrendamientos y viáticos, con el propósito de redireccionar parte de esos recursos hacia la justicia ordinaria.
El senador cuestionó además los resultados que, según sus propios cálculos, ha obtenido la JEP desde su creación y calificó la estructura como un “fortín burocrático”. Estas afirmaciones corresponden a la valoración política de Gómez y no a una conclusión independiente sobre el desempeño de la jurisdicción.
La discusión presupuestal y la iniciativa de reforma se producen mientras la JEP continúa desarrollando sus investigaciones y procesos judiciales. De hecho, la jurisdicción ha defendido públicamente su funcionamiento y ha advertido sobre las consecuencias que tendría una reducción de recursos para el cumplimiento de sus funciones y la atención de los derechos de las víctimas.
En ese escenario, la propuesta de Enrique Gómez abre un nuevo debate en el Congreso sobre el futuro de la justicia transicional: mantener el modelo actual dentro de los límites constitucionales, modificar su financiación o cambiar la entidad encargada de adelantar los juicios en la etapa final.
Cualquier modificación de fondo requeriría surtir el correspondiente trámite legislativo y, dependiendo de su contenido, superar los controles constitucionales aplicables.
