Ante la Corte Constitucional lo denunció la Veeduría Ciudadana, señalando el incumplimiento de parte del Gobierno Nacional frente a las órdenes de protección a esa comunidad.
En tal sentido, Ruth Chaparro, integrante de la Veeduría Ciudadana a la sentencia del 2017 que ordenó medidas de protección a la comunidad Wayuú en La Guajira, ante la Corte Constitucional manifestó y denunció que en tan solo tres años, se han registrado 284 muertes de niños de esa comunidad por desnutrición
Asimismo entregó las cifras a la Corte, en cual hace referencia en que para el año 2018 murieron 118 niños; en 2019 murieron 84; en el 2020 murieron 65 niños y en lo que va corrido de este año, han muerto 18 menores a causa de desnutrición.
De igual manera, Chaparro expresó que esas muertes pudieron evitarse y que el Gobierno no ha cumplido con las órdenes que dio la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en La Guajira.
“Han pasado 36 meses de un comportamiento estructural inadecuado donde se piden plazos, se sacan disculpas, se dice que no es competencia”, dijo.
De acuerdo con la veedora, no solo no se han cumplido las ordenes, sino que no existe un mecanismo para buscar salidas a las crisis de La Guajira.
“Siempre hay una razón para estar dilatando y lo más grave es que en esos 36 meses se murieron 285 niños por causas asociadas a la desnutrición y esas muertes eran evitables”, precisó.
Por su parte, organismos de control como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, reconocieron que las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional no son suficientes.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, dijo que en La Guajira no se puede garantizar la cobertura del acceso al agua potable.
“Persisten desafíos para asegurar la asistencia alimentaria de menores de cinco años. Llamo la atención sobre la apremiante urgencia de llegar a acuerdos se deben implementar estrategias sostenibles que resuelvan de fondo las causas estructurales de la desnutrición infantil”, dijo.
El defensor cuestionó que los programas que existen actualmente “resuelven solo temporalmente la situación alimentaria y desnutrición, pero no constituyen una respuesta sostenible y duradera”.
La audiencia pública en la Corte Constitucional es un seguimiento que hace ese tribunal al cumplimiento de las órdenes que impartió en el 2017, en la que se prendieron las alarmas por la crisis de falta de agua potable, alimentación y salud en esa comunidad y se ordenó tomar medidas al respecto.
D.A.
