Tapia indicaría en qué se destinaron $5.000 de los $70.000 millones del anticipo para la ejecución del contrato entre Mintic y Centros Poblados.
El contratista Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, estaría buscando un preacuerdo con la Fiscalía General a cambio de entregar toda la información sobre las irregularidades en el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y MinTic.
En la colaboración, Tapia indicaría en qué se destinaron $5.000 de los $70.000 millones del anticipo para la ejecución del contrato entre Mintic y Centros Poblados, así como las alteraciones que se habrían realizado en el proceso de licitación para acceder al contrato.
Igualmente, revelaría los nombres de los congresistas implicados en este escándalo que habrían llamado al Gobierno y al Ministerio de las TIC para que no caducaran el contrato, sino que lo cedieran para evitar la caducidad que implicaba una inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años.
Sin embargo, el contratista aseguró que no tiene la información sobre la falsificación de las pólizas de seguros del Banco Itaú, que entregó la Unión Temporal para recibir el contrato.
EL contrato de 70 mil millones de pesos buscaba llevar internet a las zonas más apartadas del país, beneficiando principalmente a niños y jóvenes.
