En el documento entregado este lunes por el Gobierno de Abelardo De La Espriella hay un reporte de cada ministro del gabinete.
Uno de ellos tiene que ver con la política exterior del país. El informe que presentó el canciller Omar Bula devela algunos datos del manejo del Ministerio de Relaciones Exteriores en los últimos años.
Por ejemplo, asegura que “frente a una planta interna de 712 cargos, la Cancillería mantiene alrededor de 764 contratos de prestación de servicios: una nómina paralela atípica para los históricos del Ministerio”.
Pero, detalla, “el crecimiento no vino acompañado de sostenibilidad. El Fondo Rotatorio del Ministerio reporta un déficit de funcionamiento de $168.425 millones para lo que resta de 2026, tras un traslado interno de $45.034 millones sobre un déficit inicial de $213.460 millones. Sin la adición de $56.164 millones solicitada a Hacienda, la entidad no tendría capacidad financiera desde agosto de 2026 para pagar arrendamientos y sostener la operación de embajadas y consulados. Es decir: se abrieron sedes sin asegurar con qué mantenerlas”.
Este tema contrasta con gastos muy grandes que se hicieron para temas más efímeros. Por ejemplo, “las llamadas Casas Colombia (sedes temporales, eventos y operaciones de apenas 90 a 120 días) habrían recibido más de $8.500 millones, girados directamente a cuentas consulares bajo la figura de proyectos de inversión social, lo que permitió contratar operadores, personal temporal, arrendamientos, logística y catering sin los procesos competitivos ordinarios”.
El libro de la verdad narra esos gastos: Santiago de Chile y Nueva York recibieron USD 400.000 cada una; Aruba, USD 341.436; Montreal, USD 380.869; Miami, USD 300.000; Toronto, USD 279.287; y Berlín, EUR 216.500. “El problema no es solo cuánto se gastó, sino qué se priorizó: sedes de tres meses frente a consulados permanentes que alegaban falta de personal e infraestructura”, resumen.
Otra entidad que genera preocupación es Migración Colombia. Según el informe, “atendió 10.903.500 movimientos migratorios entre enero y junio de 2026 con una ejecución presupuestal del 51,34 %, y su inventario registra 70 vehículos sin información sobre procesos de baja y más de 130 armas declaradas inservibles que figuran en libros, pero cuya ubicación no se conoce. Las auditorías internas advierten además riesgos de suplantación durante el enrolamiento biométrico y registros duplicados en la plataforma que soporta las decisiones sobre ingreso, permanencia y deportación”.
