Uno de los capítulos más sensibles es el relacionado con Air-e, empresa intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos desde septiembre de 2024 y que presta el servicio de energía a más de 1,3 millones de familias en Atlántico, Magdalena y La Guajira. Según el documento, la compañía pasó de registrar un patrimonio positivo de 2,22 billones de pesos en 2023 a uno negativo de 377.662 millones en 2025, mientras acumulaba pérdidas por 2,59 billones.
El informe también cuestiona 2,69 billones de pesos en deterioros contables, dos auditorías que se abstuvieron de emitir opinión por falta de evidencia suficiente y la sucesión de seis agentes especiales en apenas 20 meses. Además, señala investigaciones de la Fiscalía por presuntos giros a terceros por 250 mil millones de pesos y por una posible falsificación contable.
La situación también comprometería recursos públicos a través de Findeter. El documento sostiene que la entidad estatal otorgó a Air-e créditos por 328 mil millones de pesos, pese a inconsistencias en la documentación, insuficiencias en las garantías y cuestionamientos sobre el soporte técnico del análisis de riesgo. Con la posterior intervención y liquidación de Air-e, el informe advierte sobre el riesgo de que estos recursos no sean recuperados.
A esto se suma una alerta sobre el sistema energético nacional. El Gobierno de De la Espriella asegura que las deudas acumuladas con agentes del sector ascienden a 2,9 billones de pesos, mientras los subsidios de energía y gas presentan retrasos que podrían terminar afectando la prestación del servicio, especialmente en la Costa Caribe.
Intervención de Comfamiliar Atlántico
En el caso de Comfamiliar Atlántico, el informe cuestiona el régimen de intervención de las cajas de compensación y, particularmente, que el entonces ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, asumiera simultáneamente las funciones de superintendente del Subsidio Familiar durante 43 días. En ese periodo fue ordenada la intervención administrativa total de Comfamiliar Atlántico, decisión que incluyó la remoción de su director y de los integrantes de su Consejo Directivo.
“La misma persona responsable de definir la política pública del sector terminó, al mismo tiempo, dirigiendo la entidad encargada de inspeccionar, vigilar y controlar a las Cajas. Esta situación produjo una superposición entre la definición de la política y la función de control que, aunque no demuestra por sí sola la ilegalidad general del encargo, sí obliga a examinar las decisiones adoptadas durante ese periodo”, dice el documento.
Obras del Canal del Dique
Finalmente, el documento cuestiona el retraso del proyecto del Canal del Dique, cuya fase de obras mayores estaba inicialmente prevista para 2024 y ahora tendría como horizonte marzo de 2027, con una nueva consultoría ambiental que costaría 63.767 millones de pesos.
“La ANI apenas proyecta radicar el EIA ante la ANLA en octubre de 2026, y el inicio de las obras mayores se ha corrido hasta marzo de 2027. En total, cuatro años perdidos entre la firma del contrato y el arranque real de las obras que debían proteger a la región”, advierte el documento.
