La Fiscalía General de la Nación adelanta actuaciones para establecer las responsabilidades que habrían rodeado la atención del menor y anunció que el próximo 24 de agosto se realizará la audiencia de imputación de cargos contra varios funcionarios y exfuncionarios vinculados con la Nueva EPS.
Pero el expediente tiene además una arista política. La representación de las víctimas solicitó que se investigue al expresidente Petro por los presuntos delitos de homicidio culposo, en calidad de garante, y violación de datos personales agravada, esta última relacionada con la presunta divulgación de información correspondiente a la historia clínica del menor.
El caso de Kevin comenzó después de que el niño sufriera una caída mientras montaba bicicleta. Debido a su condición de hemofilia, requería atención especializada y tratamiento oportuno para controlar las complicaciones derivadas de los sangrados.
Según los antecedentes conocidos de la investigación, el menor permaneció durante semanas sin recibir de manera adecuada el medicamento que necesitaba. Posteriormente, después de sufrir la caída, fue trasladado a Bogotá para recibir atención especializada, pero murió cinco días después.
La investigación busca determinar si las dificultades para acceder al tratamiento, las decisiones adoptadas por funcionarios de la Nueva EPS y eventuales irregularidades en la documentación médica tuvieron relación con el fallecimiento.
Uno de los puntos que mayor controversia ha generado es la historia clínica del menor. La representación de la familia sostiene que existen elementos que apuntarían a una posible alteración de ese documento y que el diagnóstico consignado no correspondería con las circunstancias reales que rodearon la muerte.
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“Lo que estamos demostrando es que hubo una alteración en la historia clínica con la que se pretendía dar un diagnóstico equivocado acerca de la muerte del menor”, ha señalado el abogado Manuel Villanueva, representante de la familia.
Estos elementos hacen parte de una investigación que deberá determinar si hubo actuaciones irregulares y quiénes serían responsables de ellas.
Cuatro funcionarios serán llamados a responder
El próximo 24 de agosto se desarrollará una audiencia considerada clave para el caso. La Fiscalía imputará cargos por homicidio culposo a varios funcionarios relacionados con la atención y administración de la Nueva EPS.
Entre los investigados está Luis Óscar Gálvez Mateus, quien se desempeñaba como interventor de la entidad. También aparece Nelson Ramírez Plaza, entonces auditor de concurrencia y gerente regional, además de las funcionarias Jessika Paola Triana Sagastuy y Diana Marcela Caballero Arias.
La investigación pretende establecer qué decisiones fueron tomadas frente al tratamiento requerido por Kevin y si existieron omisiones que pudieron contribuir a su muerte.
La actuación también mantiene bajo análisis a otros funcionarios que tuvieron participación en la atención médica o en la administración de la entidad.
¿Por qué aparece Gustavo Petro en la investigación?
El nombre del expresidente entra en el expediente por dos frentes.
El primero está relacionado con la presunta divulgación de información médica del menor. La historia clínica es un documento sometido a protección legal, especialmente cuando se trata de un niño, por lo que la Fiscalía deberá establecer si hubo una vulneración de los datos personales de Kevin.
El segundo aspecto es mucho más delicado: la posibilidad de examinar una eventual responsabilidad de Petro por homicidio culposo en calidad de garante.
La representación de las víctimas sostiene que, como presidente de la República, Petro tuvo responsabilidades frente a la política pública de salud y a la intervención de la Nueva EPS, entidad que concentra la atención de millones de colombianos.
El abogado Manuel Villanueva considera que esa posición debe ser analizada para establecer si determinadas decisiones u omisiones de la administración pudieron incidir en las condiciones que enfrentó el menor para acceder a su tratamiento.
Sin embargo, se trata de una hipótesis que deberá ser examinada por las autoridades y no de una responsabilidad penal declarada contra el expresidente.
La Fiscalía remitirá el caso a la Comisión de Acusación
Debido a la condición que tenía Petro como presidente de la República durante los hechos que son objeto de análisis, cualquier investigación formal en su contra debe seguir el procedimiento constitucional correspondiente.
Por esta razón, la Fiscalía habría compulsado copias a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, órgano encargado de determinar si existen elementos suficientes para abrir una investigación contra el exmandatario.
La decisión podría convertirse en un nuevo frente judicial y político para Petro, cuyo gobierno ya ha sido cuestionado por la gestión del sistema de salud y, particularmente, por la situación financiera y administrativa de varias EPS intervenidas.
Una investigación que podría cambiar el rumbo del caso
La situación de Kevin Acosta ha generado cuestionamientos que van más allá de una eventual falla individual.
La familia busca establecer si la falta de medicamentos, las decisiones administrativas, la atención médica recibida y las actuaciones posteriores con la historia clínica estuvieron conectadas y si, en conjunto, pudieron contribuir al desenlace fatal.
La Procuraduría también ha intervenido en el caso y previamente cuestionó las condiciones en las que se habría producido el suministro del tratamiento requerido por el menor.
Mientras tanto, la familia prepara acciones para reclamar una eventual reparación por los daños ocasionados y exige que se establezcan responsabilidades individuales e institucionales.
El próximo 24 de agosto será, por tanto, una fecha determinante. La audiencia permitirá conocer qué pruebas tiene la Fiscalía contra los funcionarios señalados y cuál es el alcance concreto de las imputaciones.
Al mismo tiempo, la eventual investigación contra Petro abre una discusión jurídica inédita: determinar si las decisiones de un presidente sobre una entidad intervenida del sistema de salud pueden generar una responsabilidad penal individual cuando se alega que una persona murió por falta de atención o medicamentos.
¿Puede un expresidente responder penalmente como garante por decisiones tomadas durante la intervención de una EPS si se demuestra que estas tuvieron relación con la muerte de un paciente?
¿La investigación sobre la presunta alteración y divulgación de la historia clínica de Kevin Acosta terminará comprometiendo a más funcionarios además de los que serán imputados el 24 de agosto?
