La Sección Quinta del Consejo de Estado negó una acción de tutela interpuesta contra el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, su entonces ministro del Interior, Rodrigo Lara, y su ministra de Cultura, Paola Holguín, por la realización de actos religiosos durante eventos públicos. La decisión judicial, con ponencia del magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez, desestimó las pretensiones del ciudadano Román Camilo Díaz Fernández, quien alegaba la existencia de un supuesto patrón sistemático de imposición y favoritismo oficial hacia el catolicismo y el judaísmo desde el inicio del actual mandato el 7 de agosto de 2026.
Tras conocerse el fallo del alto tribunal, el jefe de Estado se pronunció a través de sus canales oficiales para destacar que la sentencia ratifica que su proceder institucional no vulneró los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de cultos y de conciencia, ni los principios constitucionales de laicidad y neutralidad religiosa. Asimismo, el mandatario subrayó que sus manifestaciones de fe hacen parte de sus convicciones personales y reiteró el deber del Gobierno de garantizar la libertad religiosa para todos los ciudadanos sin discriminación.
Alcance del fallo judicial y postura del Ejecutivo
Viñeta Resolución de la acción constitucional: El alto tribunal determinó que las expresiones religiosas ejecutadas por el primer mandatario y miembros de su gabinete en actos oficiales se ajustan al marco constitucional y no transgreden la neutralidad del Estado.
Viñeta Desestimación de acusaciones de favoritismo: La ponencia judicial rechazó los argumentos del accionante que señalaban un presunto privilegio institucional hacia credos específicos durante los primeros meses de gestión gubernamental.
Viñeta Garantía de libertad de cultos: El presidente De La Espriella reafirmó que Colombia es un Estado laico en el que el respeto por las creencias de todos los habitantes constituye una obligación constitucional ineludible.
