En una desgarradora declaración ante los micrófonos de La FM, Deisy Guanaro, sobreviviente del conflicto armado que fue reclutada por las extintas FARC siendo apenas una preadolescente, denunció públicamente a la senadora saliente Sandra Ramírez (viuda de Manuel Marulanda, ‘Tirofijo’) y al exlíder guerrillero Pablo Catatumbo, señalándolos por crímenes de violencia sexual y tortura psicológica cometidos contra menores de edad dentro de las filas del antiguo grupo armado.
El relato expone no solo la sevicia de los crímenes cometidos durante la guerra, sino también el desamparo institucional y las amenazas de muerte que enfrentan actualmente las víctimas que deciden romper el silencio.
“Nos obligó a desfilar ante comandantes borrachos”: El esquema de abuso
Guanaro relató con precisión cronológica un episodio ocurrido inmediatamente después de haber cumplido los 12 años de edad. Según su testimonio, Sandra Ramírez —quien fungía como enfermera de la organización— instrumentalizaba a las niñas reclutadas para el sometimiento sexual de la comandancia:
Sometimiento previo: Guanaro afirma que Ramírez la obligó a ella y a cerca de otras 15 menores de edad a vestirse con ropa interior de adulto de color negro para ser exhibidas.
La exhibición y el vejamen: Las niñas eran obligadas a desfilar frente a los comandantes que se encontraban en estado de embriedad.
Violación colectiva: La denunciante identificó directamente a Pablo Catatumbo como el autor de una violación colectiva perpetrada esa misma noche en medio de humillaciones y manoseos generalizados. Al día siguiente, según relató, el patrón se repitió bajo la dirección de Ramírez, cambiando el color de las prendas y entregándola a otro mando de la estructura criminal.
Denuncia penal sin eco en la justicia transicional
Uno de los puntos centrales de la indignación de Guanaro radica en la parálisis procesal de su caso dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tribunal creado tras la firma del acuerdo de paz de 2016:
“Rendí un testimonio de ocho horas frente a la magistrada Lily Rueda en medio del macrocaso 07 (reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado). Detallé cada uno de los nombres y hechos, pero a la fecha, Sandra Ramírez ni siquiera ha sido convocada a versión libre ni ha sido imputada”.
La víctima asegura que ha recurrido al uso de derechos de petición ante la JEP para conocer el estado y avance de las actuaciones judiciales, pero no ha recibido respuestas de fondo.
Persecución, desempleo y el contraste de la “paz”
La decisión de denunciar penalmente a los antiguos mandos del secretariado ha tenido un costo devastador para la vida civil de Deisy Guanaro, quien hoy enfrenta una triple victimización:
Amenazas contra su vida: Ha radicado cuatro denuncias ante la Fiscalía General de la Nación tras recibir panfletos y mensajes donde la amedrentan con asesinarla a ella y a sus hijos por sus declaraciones.
Muerte civil laboral: Manifiesta que al ingresar su nombre en los registros laborales, las empresas rechazan su hoja de vida por temor. Incluso fue despedida de su último empleo formal debido a que su empleador consideraba un riesgo de seguridad mantenerla en la planta de personal.
Asimetría institucional: Guanaro calificó de “indigno” que figuras como Rodrigo Londoño (‘Timochenko’) cuenten con permisos para viajar al exterior (como su reciente viaje a España) a dictar foros de paz, mientras las víctimas del conflicto permanecen desprotegidas, bajo restricciones de movilidad y excluidas de los espacios de memoria histórica.
