El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) enfrenta una de sus crisis más graves. En menos de una semana, tres guardianes han sido asesinados y cuatro más resultaron heridos en distintos ataques ocurridos en Bogotá, Palmira, Cali y Cartagena. Las autoridades atribuyen la ofensiva al crimen organizado, que busca mantener el control de las cárceles donde se encuentran recluidos sus jefes.
Los recientes traslados de cabecillas de organizaciones criminales han provocado represalias contra los funcionarios penitenciarios. Según fuentes internas, los grupos delincuenciales se resisten a perder el dominio que ejercen desde los centros de reclusión, donde continúan delinquiendo a través de extorsiones, órdenes a sus estructuras externas y tráfico de drogas entre los reclusos.
La situación recuerda la declaratoria de emergencia carcelaria emitida por el Gobierno en febrero de 2024, tras una serie de ataques similares que cobraron la vida de varios funcionarios, incluido el coronel Élmer Fernández, director de la cárcel La Modelo, asesinado en mayo del año pasado en Bogotá. Por ese crimen, cuatro personas fueron condenadas a 27 años de prisión.
La nueva escalada de violencia comenzó el 3 de octubre con un ataque a tres guardianes frente a la cárcel La Modelo, en el que murió el dragoneante Miguel Muñoz Llanos, de 26 años. Ese mismo día, en Palmira, fueron baleados otros dos funcionarios; uno de ellos, Manuel Antonio Becerra Palma, falleció en el lugar. Cuatro días después, el 7 de octubre, fue asesinado en Cali el guardia Jimmy Flores Salazar, y el 9 de octubre en Cartagena resultó gravemente herido Juan Camilo Palacios Figueredo, atacado por un sicario cuando llegaba a su casa.
Ante la ola criminal, el Inpec implementó un plan de emergencia que incluye el apoyo del Ejército y la Policía, refuerzo de la vigilancia en los complejos penitenciarios más críticos y la suspensión temporal de traslados de internos y remisiones médicas externas en Bogotá y Valle del Cauca. Además, los guardianes recibirán chalecos antibalas y podrán portar armas personales fuera del horario laboral para su defensa.
El presidente de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), Óscar Robayo, advirtió que las bandas criminales están ejecutando “una masacre sistemática” contra los funcionarios del Inpec y pidió al presidente Gustavo Petro y a las autoridades locales intervenir de manera urgente. “Desde 2022 van 35 víctimas fatales. Nos están matando y pedimos que se detenga esta tragedia”, alertó el dirigente sindical.
Como respuesta, el Inpec realizó un megaoperativo nacional en 123 cárceles del país. Entre las 5 y 10 de la mañana del jueves se requisaron 134 pabellones y 21.000 reclusos, con la participación de 3.591 funcionarios. El operativo dejó la incautación de 1.094 celulares, 25.000 gramos de estupefacientes, 2.069 litros de licor artesanal, más de 21 millones de pesos en efectivo y 1.047 armas cortopunzantes.
El director general del Inpec, teniente coronel Daniel Gutiérrez, aseguró que los operativos son “una respuesta firme y coordinada frente a los lamentables hechos que han afectado a nuestros funcionarios” y reafirmó el compromiso institucional con la seguridad penitenciaria.
La violencia contra los guardianes del Inpec deja en evidencia la fuerza y el alcance del crimen organizado dentro y fuera de los centros de reclusión, donde el Estado libra una lucha que se cobra vidas mientras las mafias buscan mantener su poder tras las rejas.
