Una queja presentada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puso bajo revisión la actuación del abogado Alejandro Carranza, apoderado del expresidente Gustavo Petro, por presuntamente presentarse ante organismos internacionales como representante del Estado colombiano sin contar con autorización oficial para hacerlo.
La denuncia fue radicada por Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, y está relacionada con dos actuaciones que, según el documento, habría adelantado Carranza ante instancias internacionales.
La primera corresponde a una intervención realizada en 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dentro del trámite de medidas cautelares relacionado con el atentado contra Miguel Uribe Turbay.
La segunda tiene que ver con una denuncia presentada ante la Corte Penal Internacional contra alias Iván Mordisco. En esa actuación, el abogado habría utilizado la expresión «el Estado colombiano por intermedio de su presidente», una formulación que Mosquera considera relevante para cuestionar en qué calidad intervino el jurista.
Documentos sobre contratos y autorizaciones
El abogado de la familia de Miguel Uribe sostiene que Carranza habría proyectado una representación institucional que no estaba respaldada por contratos ni autorizaciones de entidades públicas.
Como sustento de la queja, Mosquera aportó respuestas de distintas instituciones. Según lo expuesto, la Presidencia informó que no encontró contratos relacionados con esa labor; la Cancillería manifestó que no existía autorización para representar al Estado, y otras entidades, entre ellas la Fiscalía y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, tampoco registraron vínculos contractuales con ese propósito.
A partir de esos documentos, el denunciante pidió examinar si las actuaciones del abogado pudieron exceder el ámbito de una gestión particular y generar confusión sobre la posición oficial de Colombia ante organismos internacionales.
Carranza, por su parte, negó haber actuado en nombre del Estado colombiano. Aseguró que sus intervenciones fueron realizadas a título personal y manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades para explicar su participación.
La queja deberá ser examinada por la autoridad disciplinaria, que tendrá que determinar si existen elementos para abrir una investigación y establecer si hubo alguna falta. La presentación de la denuncia no implica que el abogado haya sido declarado responsable.
También apelan decisión relacionada con alias Yaco
En otro movimiento judicial relacionado con el atentado contra Miguel Uribe Turbay, fue presentada una apelación ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la decisión de revocar la libertad de alias Yaco, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales del ataque.
El recurso cuestiona que el compareciente conserve beneficios dentro de la justicia transicional, ante los señalamientos sobre una posible reincidencia en actividades criminales. Sus promotores solicitan revisar su permanencia en la JEP y plantean que el caso sea asumido por la justicia ordinaria.
La apelación fue presentada ante la Sala de Amnistía o Indulto y busca que se examine si alias Yaco puede continuar bajo los beneficios del sistema transicional mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado.
Ambos asuntos mantienen el caso Miguel Uribe en el escenario judicial, con cuestionamientos sobre las actuaciones ante organismos internacionales y la situación jurídica de uno de los señalados dentro de la investigación.
