El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha recibido un importante concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, fechado el 6 de agosto de 2024, sobre su competencia para investigar presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro para el período 2022-2026.
El concepto ratifica que el CNE es competente para continuar con la investigación administrativa relacionada con las posibles violaciones de topes electorales y la presentación de informes financieros durante las campañas de consulta interpartidista y presidencial de primera y segunda vuelta de 2022.
En el documento se establece: “Declarar competente al Consejo Nacional Electoral para continuar la investigación administrativa por las presuntas irregularidades en la financiación y presentación de informes de ingresos y gastos frente a las campañas de consulta interpartidista y presidenciales de primera y segunda vuelta del año 2022 de la Coalición Pacto Histórico, en las cuales fungió como candidato el ciudadano Gustavo Francisco Petro Urrego e imponer las sanciones administrativas correspondientes, si ha ello hay lugar.”
Además, el concepto aclara que el Congreso de la República tiene la competencia para decidir sobre una eventual sanción de pérdida del cargo del presidente en caso de que la investigación del CNE resulte en hallazgos graves. El documento precisa: “Declarar competente al Congreso de la República para decidir sobre la eventual sanción de pérdida del cargo del presidente de la República, de manera autónoma y según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política, en los términos del artículo 21 de la Ley Estatutaria 996 de 2005, cuando de la investigación adelantada por el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña presidencial 2022-2026 proceda la referida sanción.”
El concepto también señala la necesidad de formular cargos por violación de topes al entonces candidato Gustavo Petro, al gerente de la campaña Ricardo Roa, y a los auditores involucrados. Se anticipa que existen al menos 6.000 millones de pesos cuyo origen y uso podrían no coincidir con los informes de campaña. Entre los casos destacados en la ponencia se incluyen pagos a testigos electorales, gastos en publicidad en un canal de televisión, y aportes de sindicatos como Fecode y la USO, que no figuran en los libros oficiales de campaña.
Esta resolución marca un paso significativo en la investigación de las finanzas de la campaña presidencial y establece un marco claro para los procedimientos futuros, tanto a nivel administrativo como legislativo.
