De acuerdo con el mandatario, la revisión preliminar adelantada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial permitió identificar aproximadamente 40.000 órdenes de comparendo que podrían haber sido impuestas de manera irregular.
La razón estaría relacionada con dispositivos que, pese a contar con una autorización, no registraban oficialmente el inicio de su operación, situación que ahora está siendo objeto de verificación.
“Estamos validando esta cifra con el SIMIT para adoptar las decisiones jurídicas correspondientes”, señaló De La Espriella, al explicar que todavía se debe contrastar la información antes de determinar qué ocurrirá con los comparendos cuestionados.
El Gobierno también encontró novedades en 12 dispositivos de fotodetección cuya autorización estaría siendo sometida a un proceso de revocatoria. Según explicó el presidente, el procedimiento estaría relacionado con cambios en la competencia de las autoridades de tránsito encargadas de estos sistemas.
La revisión no se limitaría a los dispositivos que ya están funcionando. De La Espriella reveló que en Cartago, Valle del Cauca, fue negada la entrada en operación de un nuevo sistema de fotodetección debido a que, según la evaluación realizada, no cumplía con los requisitos técnicos exigidos.
El mandatario recordó que impartió la instrucción de revisar todos los puntos de fotodetección habilitados en Colombia, en medio de las críticas que durante los últimos años han rodeado el uso de cámaras para imponer sanciones de tránsito.
El proceso se adelanta de manera articulada con el Ministerio de Transporte y, de acuerdo con el presidente, también servirá como punto de partida para avanzar hacia una nueva reglamentación sobre las fotomultas en el país.
De La Espriella también anunció que la revisión alcanzará a los vehículos que utilizan dispositivos tecnológicos para detectar infracciones. El objetivo, dijo, es determinar si estos sistemas están siendo utilizados para imponer comparendos sin la presencia de agentes de tránsito y sin contar con las autorizaciones correspondientes.
La cifra de 40.000 comparendos, sin embargo, deberá ser depurada y confirmada antes de establecer cuántas sanciones efectivamente fueron impuestas de manera irregular y cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas para los conductores afectados.
El Gobierno espera que la revisión permita establecer un mayor control sobre los sistemas de fotodetección y evitar que estos mecanismos terminen convirtiéndose, según la postura expresada por el Ejecutivo, en herramientas utilizadas por fuera de las condiciones legales y técnicas establecidas.
