El presidente Abelardo De La Espriella ordenó poner fin a los procesos de negociación que se desarrollaron durante el Gobierno de Gustavo Petro con diferentes grupos armados y estructuras criminales, al tiempo que reveló cuánto dinero habría destinado el Estado al pago de honorarios de quienes participaron como voceros y negociadores.
De acuerdo con el mandatario, durante el cuatrienio anterior se desembolsaron más de $7.000 millones exclusivamente en honorarios para representantes, voceros y negociadores vinculados a los diferentes procesos de paz y sometimiento.
La cifra, advirtió el jefe de Estado, no incluye otros gastos asumidos con recursos públicos, como esquemas de seguridad, viáticos, desplazamientos y los costos relacionados con las zonas de ubicación.
Se acabaron las mesas de negociación
La decisión del Gobierno De La Espriella implica el cierre de las mesas de negociación heredadas de la administración Petro.
Entre los procesos que quedaron sin continuidad están los diálogos con el ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo, además de los acercamientos que se habían desarrollado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
También fueron revocados los espacios de diálogo establecidos con estructuras criminales de Medellín, Buenaventura y Quibdó.
A través de diferentes resoluciones, el Ejecutivo también dejó sin efecto las designaciones de las personas que habían sido nombradas para representar al Gobierno en esos procesos.
Más de $7.000 millones solo en honorarios
La cifra revelada por De La Espriella busca poner sobre la mesa el costo económico de la política de paz desarrollada durante el Gobierno anterior.
Según el presidente, “durante el cuatrienio anterior se erogaron más de $7.000 millones destinados exclusivamente a la asignación de honorarios para voceros, representantes y negociadores”.
El mandatario aclaró que esa suma no contempla los recursos destinados a seguridad, viáticos, desplazamientos, zonas de ubicación y otros gastos asociados a las negociaciones.
Es decir, si se tienen en cuenta todos esos rubros, el costo total de los procesos fue superior a los $7.000 millones mencionados por el Gobierno.
Y ahí aparece uno de los puntos que seguramente generará debate: cuánto terminó costándole realmente al Estado una política de negociación que ahora el nuevo Gobierno decidió desmontar por completo.
“Quienes quieran dejar las armas deberán someterse a la justicia”
La administración De La Espriella justificó el cierre de las mesas bajo un argumento central: el Gobierno no permitirá que estos espacios sean utilizados por organizaciones armadas para prolongar sus actividades criminales o conseguir beneficios sin una verdadera voluntad de abandonar la violencia.
“El Gobierno nacional no mantendrá escenarios institucionales que sean instrumentalizados para prolongar el accionar delictivo, obtener beneficios procesales o evadir el imperio de la ley”, señaló el presidente.
De acuerdo con el mandatario, quienes realmente quieran abandonar las armas deberán someterse a los mecanismos establecidos por la justicia.
La advertencia también fue dirigida a las organizaciones que decidan continuar con acciones violentas contra la población civil.
En ese escenario, De La Espriella aseguró que el Estado utilizará “toda la capacidad legal y legítima de la fuerza pública” para enfrentarlas.
Cambio de rumbo frente a la política de Petro
La decisión representa uno de los giros más fuertes de la nueva administración frente a la estrategia de seguridad y paz implementada durante el Gobierno Petro.
Mientras la administración anterior abrió múltiples escenarios de diálogo con organizaciones armadas y estructuras criminales, el Gobierno De La Espriella apuesta ahora por cerrar esas mesas y condicionar cualquier proceso de desmovilización o sometimiento a la aceptación de las reglas de la justicia.
El mensaje político es claro: menos mesas, menos negociadores y más presión de la Fuerza Pública contra quienes continúen delinquiendo.
La discusión, sin embargo, apenas comienza. Ahora habrá que establecer qué resultados concretos dejaron los procesos cerrados, cuánto costaron en total y qué ocurrirá con los integrantes de esas organizaciones que pretendían acogerse a los mecanismos de negociación.
