El Gobierno de Abelardo De La Espriella comenzó su administración con una señal contundente en materia de cooperación judicial internacional: el mandatario firmó sus primeras cinco órdenes de extradición, correspondientes a ciudadanos requeridos por las autoridades de Estados Unidos, Perú, República Dominicana y Panamá.
Las decisiones quedaron consignadas en las resoluciones 308 a 312 de 2026 del Ministerio de Justicia y están relacionadas con investigaciones por presunto narcotráfico, lavado de activos, homicidio y violencia sexual contra una menor de edad.
Los primeros dos ciudadanos que serán enviados a Estados Unidos son Armando Luis Suárez Calvo y Didier Ignacio García.
Suárez Calvo es señalado por autoridades estadounidenses de presuntos vínculos con estructuras criminales como Los Pepes y el Clan del Golfo, además de supuestamente participar en el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos. Deberá responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de drogas y lavado de activos.
García, conocido como alias Guillermina, fue capturado en San Andrés en 2024 y es señalado de presuntamente participar en una red internacional de narcotráfico que utilizaba cargamentos de frutas para ocultar cocaína con destino a Estados Unidos.
El tercer extraditado es Diego Alberto Londoño, quien será trasladado a Perú, donde es requerido por el presunto delito de tráfico agravado de drogas ilícitas. Al momento de su captura no tenía requerimientos judiciales pendientes en Colombia.
A República Dominicana será enviado Jorge Luis Mojica Ortiz, capturado en Medellín en enero de 2026 y requerido por la justicia de ese país por una investigación relacionada con la presunta violación sexual de una menor de edad. Sobre él pesaba además una circular roja de Interpol.
Completa la lista Roderick Aldair Morales Delgado, quien será extraditado a Panamá, donde es requerido por una investigación por presunta tentativa de homicidio agravado.
Con estas cinco decisiones, el nuevo Gobierno envía desde sus primeros días un mensaje de cooperación con las autoridades judiciales internacionales y de respaldo a los procesos de extradición.
Los traslados, sin embargo, deberán cumplir los procedimientos establecidos por la legislación colombiana y las garantías correspondientes para cada uno de los requeridos.
La primera tanda de extradiciones de la administración De La Espriella deja así un dato político y judicial: cinco ciudadanos, cuatro países y graves investigaciones que ahora continuarán fuera de Colombia.
