La Corte Suprema de Justicia citó al exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González, para escuchar la decisión de segunda instancia que podría cambiar el rumbo del proceso penal en su contra. En juego está la legalidad de la búsqueda selectiva en bases de datos que permitió a la Fiscalía rastrear sus movimientos financieros, migratorios y revisar la información contenida en sus teléfonos celulares, en el marco del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Esta audiencia se produce luego de que la defensa de González apelara la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que había avalado dichos procedimientos, con el argumento de que se trató de una actuación legal y necesaria para esclarecer los hechos. El pronunciamiento que emita la Sala definirá si esas pruebas permanecen en el expediente o si, por el contrario, deben ser excluidas por supuesta vulneración de garantías procesales.
Carlos Ramón González, exjefe de gabinete de Gustavo Petro y figura cercana al Pacto Histórico, es investigado por el presunto delito de tráfico de influencias de servidor público. Las autoridades buscan establecer si usó su posición para direccionar contratos, favorecer a particulares y manipular decisiones dentro del gobierno, en uno de los capítulos más delicados de la corrupción estatal reciente.
El expediente en su contra se enmarca en una trama más amplia que ya tiene implicados a altos funcionarios y contratistas de la UNGRD, entre ellos el exdirector Olmedo López, quien ha entregado declaraciones explosivas y solicitado entrar a principio de oportunidad, convirtiéndose en testigo clave de la Fiscalía.
Si la Corte tumba las pruebas, el caso contra González podría debilitarse considerablemente. Pero si las mantiene, se allanaría el camino para una eventual imputación formal. La decisión, sin duda, marcará un precedente para las investigaciones de corrupción en el círculo más cercano del poder.
