La Corte Internacional de Justicia dio su veredicto frente a la demanda interpuesta por Nicaragua, por presuntas violaciones de los derechos soberanos en el Mar Caribe cometidas por Colombia.
La Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) falló a favor de Nicaragua al considerar que Colombia ha violado los derechos soberanos de ese país interfiriendo con actividades de pesca en sus aguas. Sin embargo, alegó que no existen evidencias suficientes sobre violaciones por expediciones científicas. Por lo que recibirá más pruebas para tomar una determinación al respecto.
Por 10 votos contra 5 los jueces de la CIJ consideraron que Colombia “ha violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua”, y por 9 votos contra 6, señalaron que Colombia “debe cesar inmediatamente esa conducta”.
“Colombia ha violado su obligación internacional de respetar los derechos y jurisdicción de Nicaragua sobre su zona económica exclusiva, interfiriendo con actividades de pesca e investigación marítima y sobre embarcaciones de Nicaragua“, lee la Corte de La Haya sobre fallo. Y agrega que Colombia debe dejar de “actuar erróneamente”, al dejar que raizales pesquen en zona exclusiva nicaragüense.
Esta decisión se da por cuenta de una demanda interpuesta por Nicaragua en noviembre del 2013, en la que ese país argumentó que Colombia no dio aplicación al fallo del 19 de noviembre de 2012, mismo en el que Colombia perdió 75.000 kilómetros de mar territorial.
Nicaragua sostuvo durante las audiencias, ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, que Colombia violó su soberanía por cuenta de las operaciones de la Armada Nacional en el Mar Caribe y por haber expedido un decreto que estableció la Zona Continúa Integral en el Archipiélago.
¿Cuáles fueron los argumentos de Colombia?
La defensa colombiana estuvo liderada por el agente Carlos Gustavo Arrieta, exmagistrado del Consejo de Estado y exprocurador, así como por Manuel José Cepeda, expresidente de la Corte Constitucional, seis abogados especialistas en Derecho Internacional Público y varios miembros de la comunidad raizal del archipiélago.
Los argumentos expuestos durante meses en La Haya se han centrado en la integridad del Archipiélago, el derecho de las islas de la región insular a tener una zona contigua, el derecho de Colombia de hacer presencia en el Mar Caribe frente a la lucha contra los delitos transnacionales, así como para proteger el hábitat natural de la Reserva de Biosfera y Área Marina Protegida Seaflower.
Colombia sostuvo “que este caso trata sobre los derechos y libertades de ambas partes en el área, no sobre el cumplimiento o ejecución del fallo de 2012, por lo cual Nicaragua tiene la carga de probar cada violación alegada”, especificó el gobierno colombiano.
Igualmente, Colombia argumentó la defensa de los derechos tradicionales de pesca en las áreas marítimas aledañas al archipiélago de San Andrés. Estas audiencias tuvieron lugar entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre de 2021, siendo el caso entre Colombia y Nicaragua, en general, considerado el más extenso que ha tratado la CIJ desde 1946.
¿Por qué el fallo de la Corte no modificó los límites marítimos ni de Nicaragua, ni de Colombia?
En su momento, la cancillería colombiana aclaró que el fallo que emitiría la corte únicamente corresponde a su posición frente a las pretensiones de Nicaragua, sin incluir temas sobre soberanía territorial ni sobre mar territorial, es decir, lo dicho por el órgano judicial no iba a afectar de manera alguna las delimitaciones marítimas de los países involucrados.
¿Qué pasará ahora en la CIJ entre Nicaragua-Colombia?
Ya definida una de las dos demandas que Nicaragua instauró contra Colombia, queda pendiente la que corresponde al caso denominado “Cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense”, por la cual Nicaragua reclamó en septiembre de 2013 el establecimiento de límites, argumentando que le corresponden.
“La Corte podría citar a audiencias orales en el curso del 2022. Luego, de conformidad con la práctica de la Corte, esta podría emitir su fallo entre seis meses y un año luego del cierre de dichas audiencias”, ha dicho la cancillería colombiana al respecto.
