La Contraloría General de la República informó este lunes sobre irregularidades fiscales por parte de 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS) que ascienden a $6 billones durante el año 2020, debido al uso inapropiado de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).
Asimismo, se detectaron posibles irregularidades fiscales adicionales por un monto de 5.3 billones de pesos, las cuales serán objeto de indagación preliminar.
El informe de la Contraloría señala que las EPS utilizaron 5.4 billones de pesos de la UPC del 2020 para cubrir pagos de servicios de salud de años anteriores, lo cual contraviene la destinación específica establecida por la ley.
Se destacan discrepancias significativas entre los montos facturados y pagados, como en el caso de la Nueva EPS, donde se identificaron pagos sin soportes por 2.1 billones de pesos, y en la EPS FAMISANAR, con irregularidades por 643 mil millones de pesos.
Además, se encontraron gastos no relacionados con servicios de salud, como la destinación de 40 mil millones de pesos para honorarios de directivos, gastos personales y otros usos indebidos en la NUEVA EPS.
Estos hallazgos incluyen 61 con incidencia administrativa, 37 con posible relevancia fiscal, y otros 37 con presunta implicación penal y disciplinaria. Adicionalmente, la Contraloría adelantará indagaciones preliminares por un valor de 5.3 billones de pesos y remitirá 37 casos a la Superintendencia Nacional de Salud y otras autoridades competentes.
Carlos Hernán Rodríguez Becerra, Contralor General, resaltó la seriedad de estos hallazgos, los cuales serán investigados por la Unidad de Delitos Especiales contra la Corrupción. La Contraloría subrayó que los recursos destinados a la salud son de naturaleza pública y parafiscal, y su utilización debe ajustarse estrictamente a la ley. Los resultados de esta investigación han sido remitidos a la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación para que se tomen las acciones pertinentes.
Las autoridades consideran que el informe revela un panorama alarmante de mala gestión y uso indebido de recursos por parte de las EPS, lo cual afecta directamente la calidad y disponibilidad de los servicios de salud en el país.
