La Alta Consejería para la Paz anunció la cancelación definitiva del traslado a cárceles de Barranquilla de los peligrosos criminales Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’, Digno Palomino, y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘Negro Ober’, tras no lograr un consenso con las autoridades locales para efectuar el procedimiento.
El traslado había sido inicialmente suspendido por el Ministerio de Justicia, luego de que generara una ola de críticas por parte de la comunidad y los organismos locales, quienes cuestionaron la capacidad de las cárceles de Barranquilla para albergar a estos cabecillas de grupos armados organizados.
El Alto Consejero para la Paz, Otty Patiño, sostuvo reuniones con el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, para coordinar el traslado, pero no se llegó a un acuerdo. Según fuentes oficiales, el Gobernador advirtió que las instalaciones penitenciarias de la ciudad no estaban preparadas para garantizar la seguridad de internos y personal, lo que llevó a la decisión de cancelar el movimiento.
El Presidente Gustavo Petro respaldó la medida y señaló que el traslado solo podría realizarse cuando haya un compromiso efectivo por la paz por parte de los criminales involucrados. La falta de coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Consejería para la Paz evidenció, según medios nacionales, una improvisación en la planificación del procedimiento.
En un anuncio complementario, Petro indicó que la mediación con los jefes criminales será asumida por Cyrillus Swinne, conocido como el padre Cirilo, quien asumirá el liderazgo en las negociaciones en Barranquilla.
La decisión de la Consejería implica que el traslado queda suspendido hasta nueva orden, y que cualquier intento de movilización de estos criminales dependerá de la aprobación y coordinación con las autoridades locales y del cumplimiento de las garantías de seguridad requeridas para el proceso.
Este episodio resalta las dificultades que enfrentan las autoridades para manejar la reubicación de cabecillas de grupos armados organizados, así como la necesidad de coordinación interinstitucional entre el Gobierno Nacional y los entes territoriales para garantizar seguridad y legalidad.
