Entre el 7 y el 9 de septiembre, las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes tienen previsto avanzar en el análisis de las proyecciones y necesidades presupuestales de diferentes sectores de la administración nacional.
La discusión tendrá como protagonistas a varios ministros y funcionarios del Gobierno, quienes deberán explicar ante los congresistas cuáles son las necesidades de sus respectivas carteras, cuánto dinero requieren y cuáles serán las prioridades de inversión para el próximo año.
El proyecto que actualmente estudia el Congreso contempla un Presupuesto General de la Nación de $634,9 billones, cifra que representa un incremento del 14,2 % frente al presupuesto vigente para 2026.
Sin embargo, el aumento del presupuesto no significa que todos los sectores tendrán mayores recursos disponibles. Uno de los puntos que genera mayor atención es que el servicio de la deuda pública pasaría a $155,4 billones, mientras que los recursos destinados a inversión pública serían de aproximadamente $87 billones, incluso por debajo de los $89,5 billones presupuestados para 2026.
Durante las sesiones programadas deberán rendir cuentas y presentar sus proyecciones sectores estratégicos como Defensa, Interior, Salud, Educación, Minas, Agricultura, Transporte, Trabajo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
La Comisión Cuarta tiene competencia directa sobre los asuntos presupuestales, mientras que la Comisión Tercera concentra su trabajo en materias económicas, tributarias, financieras y de hacienda pública.
La discusión será determinante porque el Congreso deberá definir si el monto propuesto por el Ejecutivo resulta viable y si la distribución de los recursos responde a las necesidades fiscales y sociales del país.
Uno de los asuntos que genera especial atención es la composición del presupuesto. De acuerdo con las cifras presentadas ante el Legislativo, los gastos de funcionamiento subirían a $392,6 billones, mientras que los ingresos corrientes de la Nación disminuirían frente a 2026.
El debate también estará marcado por las advertencias fiscales que ya han surgido alrededor del proyecto. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, ha defendido la propuesta del Gobierno y aseguró ante las comisiones económicas que el presupuesto planteado constituye una alternativa para evitar un escenario de recesión económica.
Así, las jornadas del 7, 8 y 9 de septiembre serán claves para conocer qué tan sólidos son los cálculos presentados por cada ministerio y cuáles modificaciones podrían plantear los congresistas antes de que el proyecto avance hacia las siguientes etapas de su trámite.
El Congreso deberá avanzar además con los tiempos establecidos para la aprobación del monto global del presupuesto. Una vez surtido el debate en las comisiones económicas, el proyecto continuará su trámite en las plenarias del Senado y la Cámara.
El pulso entre Gobierno y Congreso estará, por ahora, concentrado en una pregunta central: ¿cómo financiar y distribuir los $634,9 billones del presupuesto de 2027 sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas?
Las respuestas comenzarán a conocerse durante las próximas sesiones, cuando los ministros deban defender ante el Legislativo las cifras y prioridades de cada uno de sus sectores.
