El Gobierno nacional deberá responder un extenso cuestionario en el debate de control político que el Congreso de la República citó para este lunes 29 de diciembre, en medio de la controversia por la declaratoria de emergencia económica decretada por el Ejecutivo.
En total, son 22 preguntas las que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tendrá que responder ante el Legislativo, en una sesión convocada en extras pese a la vacancia judicial. La citación se produce luego de que el Ejecutivo decretara la emergencia económica como mecanismo para enfrentar el faltante en el Presupuesto General de la Nación de 2026, tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
La convocatoria ha generado un cruce de críticas. El ministro del Interior, Armando Benedetti, cuestionó la legalidad de la citación y aseguró que presenta vicios de forma. Según el funcionario, el cuestionario indica una fecha de aprobación que no corresponde y desconoce los plazos legales para responder. “Una vez llegado el cuestionario tengo cinco días para contestarlo y no pueden citar antes del vencimiento de este término”, afirmó Benedetti, quien también acusó al Congreso de actuar con afán político.
El debate fue solicitado por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien defendió la convocatoria al señalar que el control político no se suspende y que “la defensa de la democracia no se va de vacaciones”. Desde el Legislativo insisten en que la emergencia económica debe ser examinada con rigor, incluso durante el receso ordinario.
Las preguntas planteadas al Gobierno giran en torno a la legalidad, necesidad y proporcionalidad del Decreto 1390 de 2025. El Congreso exige explicaciones sobre los hechos que justificarían una “grave perturbación del orden económico y social”, la excepcionalidad de la medida, la insuficiencia de las facultades ordinarias del Ejecutivo y el impacto fiscal de los decretos que se expidan bajo la emergencia.
Además, el cuestionario indaga por el recaudo tributario desde 2022, la ejecución presupuestal, la sostenibilidad fiscal, el efecto distributivo de las medidas, el ajuste de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el uso de la emergencia para atender temas de seguridad y desastres naturales, y los resultados de emergencias anteriores como las declaradas en La Guajira y el Catatumbo.
El Congreso también pide al Ejecutivo precisar qué criterios utilizará para determinar el fin de la emergencia y qué medidas concretas adoptará cada cartera ministerial bajo este régimen excepcional.
El debate de este lunes se perfila como uno de los principales escenarios de confrontación política de fin de año entre el Legislativo y el Gobierno, en un contexto marcado por tensiones institucionales y cuestionamientos sobre el uso de las facultades extraordinarias previstas en la Constitución.
