Colombia tendría la posibilidad de reducir de manera significativa el costo de su endeudamiento externo si concreta un acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en momentos en que el país enfrenta una elevada necesidad de recursos y un escenario fiscal cada vez más exigente.
Un análisis del centro de estudios económicos ANIF estima que acudir a uno de los mecanismos de financiamiento del organismo internacional podría permitirle al país obtener recursos a una tasa cercana al 3,7 % efectivo anual, frente al 6,6 % que tendría que asumir actualmente en emisiones de deuda externa con condiciones similares en los mercados internacionales.
La diferencia sería de aproximadamente 290 puntos básicos, un margen que podría representar un alivio importante para las finanzas públicas si Colombia logra acceder a estas condiciones.
La posibilidad tomó fuerza luego de que el Gobierno anunciara que presentaría una solicitud formal ante el FMI para iniciar la evaluación técnica correspondiente, en el marco de la misión del Artículo IV, paso que permitiría avanzar en la evaluación de la situación económica del país y explorar eventuales mecanismos de cooperación y financiamiento.
¿Cuánto podría ahorrar Colombia?
De acuerdo con ANIF, Colombia tiene asignada ante el FMI una cuota de 2.044,5 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), equivalentes aproximadamente a US$2.780 millones.
Una de las alternativas que podría evaluar el país es la Línea de Precaución y Liquidez (LPL). Si Colombia accediera a recursos inferiores al 300 % de su cuota, aplicaría la tasa básica no concesional del organismo.
Esta estaría compuesta por el tipo de interés de los DEG, calculado en alrededor de 3,1 %, más un margen fijo de 60 puntos básicos, para una tasa aproximada del 3,7 % anual.
El contraste resulta significativo frente al costo de las emisiones tradicionales de deuda externa.
Según los cálculos citados por ANIF, títulos colombianos denominados en dólares y con vencimientos comparables, entre 3,25 y cinco años, presentan actualmente un costo cercano al 6,6 % efectivo anual.
En términos simples, Colombia podría conseguir recursos del FMI a un costo considerablemente menor al que enfrenta en el mercado privado, aunque el acceso a estos mecanismos está condicionado al cumplimiento de determinados requisitos y compromisos.
La presión sobre las finanzas públicas
El análisis de ANIF se conoce en un momento de fuerte presión sobre las cuentas fiscales colombianas.
El centro de estudios señaló que la deuda neta del Gobierno Central se ubica alrededor del 56 % del PIB, mientras que las proyecciones oficiales apuntan a déficits fiscales de 7,2 % del PIB para 2026 y 9,4 % para 2027.
Las necesidades de financiamiento también son considerablemente elevadas.
El Plan Financiero actualizado contempla desembolsos externos por aproximadamente $40,8 billones durante 2026 y $87,7 billones en 2027.
A esto se suman necesidades de financiamiento interno estimadas en $110,3 billones para este año y $150,8 billones para 2027.
En ese escenario, ANIF considera que acudir al FMI podría convertirse en una herramienta adicional para diversificar las fuentes de financiación y disminuir la dependencia de las emisiones de deuda en los mercados internacionales.
¿Qué opciones tendría Colombia ante el FMI?
La posibilidad de acceder a nuevos recursos del organismo internacional tiene como antecedente la cancelación, en octubre de 2025, de la Línea de Crédito Flexible (LCF) que Colombia tenía por 6.133,5 millones de DEG.
Al dejar de cumplir los estrictos criterios de calificación previa exigidos para esa línea, las alternativas que aparecen con mayor relevancia serían la Línea de Precaución y Liquidez (LPL) y el Acuerdo Stand-By (SBA).
La LPL está dirigida a países con fundamentos y políticas económicas relativamente sólidos. Para acceder a ella, Colombia tendría que demostrar un desempeño adecuado en áreas como posición externa, política fiscal, política monetaria, estabilidad del sector financiero y calidad de los datos económicos.
Uno de los puntos determinantes sería la sostenibilidad de la deuda. Por ello, el Gobierno tendría que presentar medidas creíbles que permitan demostrar una trayectoria fiscal sostenible.
Si el país no cumple las condiciones previas para acceder a la LPL, otra alternativa sería el Acuerdo Stand-By.
Este mecanismo no exige el mismo tipo de calificación previa, pero implica negociar directamente con el FMI un programa económico que establece metas, reformas, revisiones periódicas y desembolsos sujetos al cumplimiento de los compromisos acordados.
Colombia ya ha recurrido al FMI
El respaldo del FMI no sería un escenario desconocido para Colombia.
A finales de los años noventa, durante la administración de Andrés Pastrana, el país suscribió un Acuerdo Extendido por tres años por 1.957 millones de DEG, equivalentes en ese momento a unos US$2.700 millones.
El programa incluyó medidas de consolidación fiscal, reestructuración financiera, flexibilidad cambiaria y reformas estructurales. Colombia cumplió las metas establecidas y, de manera precautoria, no llegó a utilizar los recursos ni a incrementar su deuda directamente con el organismo.
Posteriormente, durante el gobierno de Álvaro Uribe, el país suscribió dos Acuerdos Stand-By, uno en 2002 por 1.548 millones de DEG y otro por 405 millones de DEG, vigente hasta 2006.
Estos programas estuvieron relacionados con medidas de ajuste fiscal y reformas económicas y también funcionaron como una señal de respaldo ante los mercados internacionales.
El caso más reciente citado por ANIF es el de Ecuador, que en mayo de 2024 suscribió un acuerdo bajo el Servicio Ampliado del FMI por 48 meses y 3.000 millones de DEG, equivalentes aproximadamente a US$4.000 millones.
A diferencia del programa colombiano de finales de los noventa, Ecuador sí combinó el financiamiento directo con un programa de consolidación fiscal.
Así, la eventual llegada de Colombia nuevamente al FMI tendría dos caras: por un lado, la posibilidad de acceder a recursos a un costo inferior al de los mercados privados; y por otro, la necesidad de asumir compromisos fiscales y económicos que permitan garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La discusión, por tanto, no se limitaría a cuánto podría pagar Colombia por los nuevos créditos, sino también a qué condiciones tendría que aceptar el país para obtenerlos.
