El primer ministro ha explicado que corporaciones e inversores extranjeros han realizado numerosas operaciones de especulación que han llevado a un problema de falta de vivienda y de costes disparados.
El gobierno de Canadá prohibirá durante los próximos dos años la compra de viviendas a extranjeros no residentes, una medida que tiene como fin controlar los precios. Este 1 de enero entró en vigor esta ley, aprobada por el Gobierno de Justin Trudeau ante el aumento de los precios de las viviendas en Canadá desde que comenzó de la pandemia, y la creencia de que los compradores extranjeros adquirieron numerosas propiedades como inversión.
Según ha declarado Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han llevado a cabo numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han llevado a un problema de falta de vivienda y de precios disparados. “Las casas son para las personas, no para los inversores”, ha insistido el presidente canadiense.
La ley recoge que sí podrán comprar viviendas los refugiados y los residentes permanentes de Canadá que la vayan a usar como residencia principal. La medida, una de las promesas electorales de Trudeau en su última campaña a las elecciones de 2019, se pone en práctica pese a que los precios de la vivienda en Canadá han caído en torno al 13% este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces.
Todo ello después de fuertes subidas tras la pandemia y de que el Banco de Canadá haya estado elevando los tipos de interés en los últimos meses. De hecho, el pasado mes de abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país. De los 31.200 millones de dólares canadienses (24.800 millones de dólares estadounidenses) correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses.
