Dos funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) permanecen en delicado estado de salud tras ser víctimas de un ataque a bala en Barranquilla, poco después de finalizar su turno de trabajo en la cárcel El Bosque. Las autoridades investigan si el atentado estaría relacionado con recientes traslados de personas privadas de la libertad a otros establecimientos penitenciarios.
Las víctimas fueron identificadas como la dragoneante Shirley Acosta Marroquín y el funcionario Daniel Tapero Alférez, quienes, de acuerdo con la información preliminar, caminaban por los alrededores de una estación de servicio situada en el sector de San Martín, en inmediaciones del corredor de la avenida La Cordialidad, cuando fueron atacados con arma de fuego.
Los dos funcionarios, asignados a labores de vigilancia y custodia en el establecimiento penitenciario El Bosque, sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados a centros asistenciales, donde reciben atención médica. Hasta el momento, la información disponible indica que su condición es delicada.
Traslados penitenciarios, una de las hipótesis del atentado
Una de las líneas de investigación apunta a una posible retaliación criminal por los recientes movimientos de internos desde la cárcel El Bosque hacia otros establecimientos penitenciarios del país.
Según información extraoficial conocida después del ataque, la estructura delincuencial conocida como Los Pepes estaría detrás de la acción armada. Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada oficialmente y corresponde a los investigadores establecer quiénes ordenaron y ejecutaron el atentado.
Las versiones preliminares también señalan que la supuesta orden habría salido del patio D de la cárcel El Bosque y mencionan a un individuo conocido con el alias de Morocho. Esa información relaciona el posible móvil con el traslado de presuntos integrantes y cabecillas de la organización a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Santander.
Por ahora, estos señalamientos se mantienen en el terreno de las versiones extraoficiales. No existe, en la información suministrada sobre el caso, una confirmación judicial que permita atribuir responsabilidades a personas determinadas.
¿Buscaban enviar un mensaje a la guardia penitenciaria?
La investigación deberá determinar si los dos dragoneantes fueron seleccionados por sus funciones dentro del Inpec o si existían amenazas previas contra ellos. También será necesario establecer si los atacantes conocían sus horarios de salida y sus movimientos después de terminar la jornada laboral.
Si se comprueba que el atentado fue ordenado desde el interior de la cárcel como respuesta a los traslados de internos, el caso plantearía interrogantes sobre la capacidad de las organizaciones criminales para coordinar acciones violentas desde los establecimientos penitenciarios y ejercer presión sobre las decisiones de las autoridades carcelarias.
Esa posibilidad, sin embargo, no puede darse por establecida mientras no existan pruebas que acrediten una conexión entre el ataque, las decisiones administrativas sobre los traslados y los presuntos responsables.
Los investigadores deberán reconstruir los momentos previos a la agresión, revisar las cámaras de seguridad disponibles en el sector, identificar a quienes participaron en el ataque y determinar si hubo labores de seguimiento contra los funcionarios.
Preocupación por la seguridad de los trabajadores del Inpec
El atentado vuelve a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los funcionarios penitenciarios, especialmente cuando las decisiones adoptadas dentro de las cárceles pueden afectar los intereses de estructuras criminales.
Los traslados de personas privadas de la libertad forman parte de las medidas que pueden adoptar las autoridades penitenciarias por razones de seguridad, administración y control. Si se confirma que el ataque fue una represalia por ese tipo de decisiones, será necesario establecer qué medidas de protección se habían dispuesto para el personal que podría quedar expuesto a amenazas.
Por el momento, la prioridad es la evolución médica de Shirley Acosta Marroquín y Daniel Tapero Alférez, mientras avanzan las pesquisas para esclarecer el atentado ocurrido en el suroccidente de Barranquilla.
La principal incógnita sigue siendo quién ordenó el ataque y si existe una relación demostrable con los traslados penitenciarios. La respuesta dependerá de las pruebas que recojan las autoridades y no únicamente de las versiones que circulan sobre una posible retaliación de Los Pepes.
