La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al sacerdote Manuel Cely Silva por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra un niño de seis años que estudiaba en el colegio San Carlos de Bogotá. Los hechos investigados habrían ocurrido en repetidas ocasiones entre agosto de 2022 y agosto de 2023.
Según el ente acusador, los elementos recopilados durante la investigación indican que el entonces director del monasterio y sacerdote habría llevado al menor en múltiples oportunidades a zonas privadas del lugar, donde presuntamente cometió conductas de carácter sexual.
Por estos hechos, Cely Silva fue acusado de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados conforme a las circunstancias previstas en la ley.
La acusación representa un nuevo avance en un proceso judicial que se remonta a diciembre de 2024, cuando el sacerdote fue imputado por los mismos delitos. En aquella diligencia, el señalado no aceptó los cargos.
El proceso estuvo paralizado por una solicitud de nulidad
El caso enfrentó dificultades procesales luego de que el fiscal que asumió la investigación solicitara la nulidad de la imputación, situación que mantuvo paralizado el avance del expediente.
Con la presentación de la acusación formal, el proceso entra en una nueva etapa judicial. Será durante las actuaciones correspondientes cuando se examinen las pruebas y se determine si existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad penal del acusado.
La acusación de la Fiscalía no equivale a una condena. El sacerdote conserva la presunción de inocencia mientras la justicia adopta una decisión definitiva.
Colegio San Carlos recibió una amonestación pública
Manuel Cely Silva se desempeñaba como profesor del colegio San Carlos, institución educativa de Bogotá fundada en 1961 y reconocida por la trayectoria de algunos de sus antiguos estudiantes en los ámbitos empresarial, político y económico.
Este año, la Secretaría de Educación de Bogotá sancionó a la institución con una amonestación pública por deficiencias en la aplicación del protocolo para atender situaciones de presunta violencia sexual.
La medida administrativa se relaciona con los procedimientos institucionales de atención de este tipo de casos. No constituye, por sí misma, una decisión judicial sobre la responsabilidad penal del sacerdote.
Los casos de abuso sexual en entornos religiosos, bajo escrutinio
Las denuncias de violencia sexual que involucran a integrantes de instituciones religiosas han generado cuestionamientos sobre los mecanismos de prevención, atención y reporte de estos hechos.
En este caso, la investigación penal busca establecer lo ocurrido con el menor y determinar la eventual responsabilidad del acusado. Por tratarse de una presunta víctima de seis años, su identidad debe permanecer protegida.
La acusación también vuelve a poner bajo atención las obligaciones de las instituciones educativas y religiosas frente a las denuncias de posibles agresiones sexuales contra niños, así como la necesidad de activar los protocolos de protección y poner los hechos en conocimiento de las autoridades competentes.
