En este sentido emitió la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional, que en noviembre de 2021 negó una tutela clave dentro del expediente en contra del expresidente Álvaro Uribe por presunto fraude procesal y pago de testigos, sigue causando controversia judicial.
El alto tribunal en su fallo le mantiene la calidad de imputado dentro del proceso. Sin embargo, este desencadenó una denuncia contra el magistrado Alejandro Linares, quien en declaraciones iniciales aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos habría llamado a algunos miembros de la Corte para hablar del caso.
No obstante se recuerda que estas acusaciones fueron realizadas por el magistrado Alejandro Linares, ponente del caso, quien posteriormente se retractó y dijo que nunca había recibido llamadas por parte de Santos, ni le constaba que otros magistrados la hubiesen tenido.
“Reitero, como lo señalé en mis diferentes respuestas en la mencionada ronda de medios, que no me consta personalmente que mis colegas hubiesen sido contactados por parte de personas ajenas a esta institución, ni tengo razón alguna para pensar que su imparcialidad e independencia se hubieran visto comprometidas en forma alguna en este caso particular”, manifestó Linares en una carta publicada el 23 de diciembre.
Pese a esta declaración, la defensa de Uribe se quedó con la versión inicial de Linares, haciendo alusión a que dicha llamada pudo haber afectado la discusión.
Por este hecho, a finales del año pasado, la defensa de Uribe presentó dos denuncias, una contra el expresidente Juan Manuel Santos y la otra contra el magistrado Alejandro Linares, al considerar que con su acción habrían afectado el libre accionar de la administración de justicia.
Ahora, la Corte deberá designar a un magistrado para que defina si hay méritos para anular la decisión; de fallar a favor de Uribe y su defensa, se reanudaría la discusión de la tutela radicada por el expresidente.
El próximo 27 de enero se reanudará la audiencia en la cual se define la solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno.
