La polémica por el pago de la prima de mitad de año a más de 4.000 docentes pensionados abrió un debate sobre la transparencia en la administración de los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), cuyo monto total alcanzaría los $83.000.000.000.
En medio del escándalo, el abogado Yobany López Quintero, involucrado en la defensa de los maestros, aseguró que los trámites realizados para la entrega de listados de docentes siguieron las rutas legales y administrativas correspondientes, y negó cualquier filtración irregular de información. Según López, los pagos cuestionados obedecen a procedimientos rutinarios y no a manejos indebidos de bases de datos.
El conflicto se intensificó luego de que la Justicia de Armenia, Quindío, enviara copias de documentos al Fomag, con instrucciones de no autorizar ciertos pagos a docentes. López Quintero explicó que una sentencia del Consejo de Estado, emitida en 2001 y favorable a los docentes sobre la prima de mitad de año, permaneció bajo reserva durante más de dos décadas, lo que retrasó el reconocimiento del derecho por parte de los maestros. La revisión definitiva del alto tribunal se concretó en 2020, pero no fue difundida hasta el año pasado, generando confusión y retrasos en los desembolsos.
El abogado sostuvo que los listados que recibió y tramitó se entregaron directamente por el Fomag, cumpliendo con las prácticas habituales en el reconocimiento de prestaciones sociales, y negó haber accedido a información de manera irregular. También defendió sus honorarios, que según versiones públicas habrían alcanzado los $20.000.000.000, argumentando que corresponden a pagos legítimos por su labor profesional y la nómina de más de 100 empleados y colaboradores.
López Quintero calificó de difamación las acusaciones realizadas por el vicepresidente de prestaciones económicas del Fomag, quien lo señaló de extorsión, y reafirmó que todos los contratos, poderes y solicitudes presentadas en nombre de los docentes están documentados ante las autoridades competentes.
Por su parte, el Fomag sostiene que no existía base legal para realizar estos pagos, lo que mantiene abierto el debate sobre la interpretación y difusión tardía de las sentencias judiciales, así como la transparencia en la administración de los recursos públicos destinados a los docentes.
