Un ataque informático contra los sistemas de la Registraduría podría haber comprometido desde el censo electoral hasta la transmisión y consolidación de los resultados. El especialista en seguridad informática Mario Micucci explicó los riesgos de una eventual intrusión y las barreras que existen para detectar y verificar posibles alteraciones.
El experto de Eset Latinoamérica señaló que una infección con un programa malicioso, conocido como malware, puede comenzar con un solo computador o teléfono celular. Desde allí, los atacantes podrían robar contraseñas, vigilar la actividad del usuario o tomar el control remoto del dispositivo.
Sin embargo, comprometer los equipos de una entidad no significa que los responsables tengan acceso automático a toda su infraestructura. Para llegar a los sistemas de la Registraduría necesitarían obtener credenciales o permisos de acceso y lograr que el código malicioso se ejecute dentro de esa red.
Micucci explicó que, una vez dentro, los atacantes podrían intentar copiar información, modificar registros o dejar servicios fuera de funcionamiento. También podrían desplazarse desde el primer equipo comprometido hacia otros dispositivos y servidores, una técnica conocida como movimiento lateral.
El censo y los resultados electorales, entre los riesgos
Las consecuencias dependerían de los sistemas alcanzados. Una alteración del censo electoral podría ocasionar que ciudadanos habilitados no aparecieran en las listas correspondientes a sus mesas de votación.
Si el ataque afectara la transmisión de datos, podría retrasar la publicación de resultados. En el preconteo, las cifras preliminares podrían aparecer modificadas, mientras que una intrusión en los sistemas de escrutinio tendría implicaciones sobre el procesamiento y la consolidación de los resultados oficiales.
El especialista identificó el escrutinio como una etapa especialmente sensible, porque allí se verifican y consolidan los votos.
No obstante, Colombia cuenta con mecanismos físicos y tecnológicos para revisar posibles inconsistencias. Entre ellos están los formularios E-14, diligenciados y firmados por los jurados de votación, que permiten cotejar los resultados de cada mesa. También existen registros de auditoría del software que pueden ayudar a establecer qué información fue modificada y cuándo.
La controversia por los presuntos planes contra la Registraduría
El análisis se conoce después de las revelaciones sobre supuestas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno anterior.
En esas informaciones aparece Carlos Andrés Oyola, ingeniero vinculado a la entidad desde febrero de 2024, a quien se le habría encargado coordinar una operación para atacar los sistemas de la Registraduría y alterar los resultados de las elecciones presidenciales.
Los señalamientos hacen parte de documentos conocidos por medios de comunicación y han motivado investigaciones y cuestionamientos sobre el manejo de la inteligencia estatal.
Las explicaciones de Micucci permiten dimensionar los posibles efectos de una operación de ese tipo, aunque no demuestran que los sistemas electorales colombianos hayan sido vulnerados ni que los resultados de las elecciones hayan sufrido alteraciones.
