El Proyecto de Ley de Competitividad del Gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos por los posibles efectos de algunas de sus disposiciones sobre los controles estatales, la vigilancia sanitaria y el reconocimiento de títulos y certificaciones extranjeras.
La iniciativa, identificada con los números 177 de 2026 en el Senado y 305 de 2026 en la Cámara de Representantes, busca digitalizar procedimientos, conectar entidades públicas y eliminar requisitos que se consideran duplicados. Sin embargo, las objeciones planteadas durante su trámite legislativo apuntan a los riesgos que podría generar una reducción de las verificaciones previas.
Uno de los puntos de discusión es el silencio administrativo positivo, mecanismo mediante el cual la falta de respuesta de una autoridad puede producir efectos favorables para el solicitante en los casos expresamente previstos por la ley. Su aplicación dependerá de las condiciones y excepciones que establezca el texto definitivo.
Las advertencias de una senadora
La senadora María Eugenia Londoño anunció que votará en contra del proyecto y advirtió sobre disposiciones que, según su interpretación, podrían reducir controles sanitarios previos mediante declaraciones juramentadas y facilitar el reconocimiento de evaluaciones y certificaciones expedidas en otros países.
Estas observaciones abren interrogantes sobre los mecanismos de verificación que conservarían las autoridades y las responsabilidades que asumirían los solicitantes si la información presentada resulta incorrecta.
Otro de los aspectos cuestionados tiene que ver con el empleo público y la valoración de la formación académica y técnica ofrecida por universidades colombianas y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La discusión consiste en determinar cómo se reconocerían las competencias y certificaciones extranjeras frente a las exigencias aplicables a quienes se han formado en el país.
Londoño también criticó que la iniciativa avanzara sin audiencias públicas que permitieran recoger las observaciones de los sectores que podrían resultar afectados.
La discusión: agilizar sin perder capacidad de vigilancia
La reducción de trámites puede disminuir tiempos y costos para ciudadanos y empresas. El alcance de ese beneficio, sin embargo, depende de cuáles requisitos se eliminan, qué verificaciones se mantienen y cómo se detectan posibles irregularidades.
En materia sanitaria, por ejemplo, el debate debe precisar qué productos o actividades podrían quedar sujetos a declaraciones en lugar de revisiones previas, si se conservarían inspecciones posteriores y qué consecuencias enfrentarían quienes incumplan las condiciones exigidas.
En el reconocimiento de certificaciones extranjeras, también resulta necesario establecer qué criterios técnicos se aplicarían para comprobar su equivalencia y qué entidades tendrían a cargo esa labor.
Estas preguntas requieren examinar el articulado y las disposiciones específicas de la propuesta. Las advertencias de la senadora expresan objeciones políticas y técnicas, pero sus efectos concretos deberán evaluarse a partir del texto legislativo.
El proyecto sigue en discusión
La iniciativa continúa su trámite en el Congreso y su alcance dependerá de las modificaciones que se introduzcan y de las disposiciones que finalmente sean aprobadas.
El debate legislativo tendrá que precisar qué procedimientos se simplificarán, cuáles controles permanecerán vigentes y qué mecanismos permitirán corregir decisiones adoptadas con información incompleta o errónea. También será relevante conocer las respuestas del Gobierno a las objeciones formuladas por los sectores que cuestionan la propuesta.
La pregunta de fondo es qué garantías acompañarán la reducción de trámites y cómo se evitará que la rapidez administrativa afecte la protección sanitaria, la supervisión pública o los criterios de reconocimiento profesional.
