El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, rechazó los cuestionamientos del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, al proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia y defendió que la iniciativa no contempla la creación de una jurisdicción especial para quienes busquen acogerse a sus mecanismos.
“Se equivoca el señor Ramelli; empezando porque la Ley de Sometimiento no crea justicias ‘especiales’ eternas e inservibles”, manifestó Cadavid, en una respuesta que vuelve a evidenciar las diferencias entre sectores de la derecha política y la dirección del tribunal transicional.
El congresista sostuvo que la aplicación de la propuesta estaría en manos de fiscales y jueces de la República, bajo los procedimientos de la justicia ordinaria. Con ese argumento, buscó marcar distancia entre el modelo que plantea el proyecto y el sistema de justicia transicional que opera desde el Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc.
¿Qué cuestiona el presidente de la JEP?
Las declaraciones de Cadavid se producen después de que Alejandro Ramelli señalara semejanzas entre algunos componentes del proyecto y los mecanismos de justicia restaurativa que desarrolla la JEP.
Según lo expuesto por el magistrado, la iniciativa contempla beneficios en las sanciones para quienes aporten información sobre personas desaparecidas o participen en acciones restaurativas. A su juicio, estos elementos guardan relación con procedimientos que ya existen dentro de la jurisdicción transicional.
Se equivoca el señor Ramelli; empezando porque la ley de sometimiento no crea justicias “especiales” eternas e inservibles
El sometimiento se aplica por fiscales u jueces de la república
— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) October 27, 2026
Ramelli también llamó la atención sobre las referencias a experiencias de justicia transicional de Sudáfrica y Colombia incluidas en la exposición de motivos, sin una mención explícita a la JEP.
La discusión, por tanto, no se limita al nombre del mecanismo. También involucra el alcance de los beneficios que podrían recibir quienes se sometan a la justicia, las condiciones para acceder a ellos y el papel que tendrían las autoridades judiciales en su aplicación.
El debate sobre los beneficios y la justicia ordinaria
La postura de Cadavid se concentra en la arquitectura institucional de la propuesta: insiste en que los procesos quedarían en manos de fiscales y jueces ordinarios y que no se crearía un tribunal especial permanente.
Sin embargo, la afirmación de que la iniciativa no crea una nueva jurisdicción no resuelve por sí sola todas las preguntas planteadas por Ramelli. Para establecer las diferencias reales entre ambos modelos es necesario examinar el articulado, las reglas para conceder beneficios, las obligaciones de quienes se sometan y las consecuencias de incumplir los compromisos adquiridos.
La controversia también pone sobre la mesa una discusión de fondo: cómo diseñar mecanismos que permitan el sometimiento efectivo de estructuras criminales y la contribución a la verdad y la reparación, sin generar dudas sobre la proporcionalidad de las sanciones o el trato frente a otros procesados.
Por ahora, las declaraciones conocidas reflejan posiciones distintas sobre el alcance de la propuesta. La discusión deberá resolverse a partir del contenido definitivo del proyecto y del debate legislativo, donde se determinará qué condiciones regirían para quienes pretendan acogerse a sus disposiciones.
