Un grupo de 25 senadores, encabezado por Jota Pe Hernández, presentó una solicitud ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue las publicaciones del influenciador Levy Rincón contra la primera dama, Ana Lucía Pineda, y el presidente Abelardo De La Espriella.
El anuncio fue hecho por el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández, conocido como Jota Pe Hernández, quien explicó que los congresistas buscan que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, examine el contenido difundido por el creador de contenido y determine si hay motivos para adelantar actuaciones judiciales.
Según el congresista, las publicaciones incluirían presuntas calumnias, injurias e insultos contra la primera dama. Hernández sostuvo que las expresiones cuestionadas también se han dirigido contra el jefe de Estado, a quien Levy Rincón habría relacionado con supuestas actividades ilícitas.
Uno de los puntos señalados por los senadores son los comentarios del influenciador sobre presuntas irregularidades en el manejo de las donaciones del 10 de agosto en Colombia. Los congresistas pidieron que se revisen esas afirmaciones, sin que la información divulgada sobre la denuncia permita establecer, por ahora, una conclusión judicial sobre su veracidad.
La iniciativa fue suscrita únicamente por hombres, según explicó Jota Pe Hernández, quien justificó la actuación como un llamado al respeto hacia las mujeres y solicitó que el caso envíe un mensaje sobre las consecuencias legales que pueden tener determinadas expresiones.
“Queremos contar con el apoyo de la fiscal general de la Nación para que esto sea un mensaje contundente. Que a las mujeres de Colombia, y en este caso a la primera dama de la Nación, se les respeta”, manifestó el senador.
Hernández también afirmó que las expresiones cuestionadas no se limitarían a la primera dama y mostró un video en el que, según su explicación, Levy Rincón se burla de una frase del presidente.
La presentación del oficio no significa que la Fiscalía haya establecido la comisión de un delito ni que exista una condena contra el influenciador. Corresponderá a las autoridades evaluar el contenido señalado y determinar si procede alguna actuación.
El caso abre un nuevo capítulo en la confrontación pública entre el influenciador y figuras del Gobierno. La discusión jurídica deberá centrarse en el contenido concreto de las publicaciones y en si las expresiones denunciadas exceden los límites de la crítica y la opinión protegidas por la ley.
