La viuda del senador entregó información que habría recibido de una persona cuya identidad aún no ha sido establecida. Los investigadores buscan verificar la autenticidad de los mensajes y determinar si contienen datos relevantes sobre la planeación del crimen.
La Fiscalía General de la Nación abrió nuevas líneas de verificación dentro de la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, tras recibir de María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial, una serie de chats y correos electrónicos que contendrían información sobre la forma en que se habría organizado el atentado.
Fuentes del ente acusador le confirmaron a Caracol Radio que Tarazona envió un correo electrónico el pasado 3 de septiembre con información que, según lo conocido hasta ahora, le habría suministrado una persona cuya identidad permanece sin establecer. Esa fuente le habría relatado detalles sobre la presunta planeación del crimen.
En el mensaje fueron adjuntadas conversaciones que también le habrían llegado a Paloma Valencia, excandidata presidencial del Centro Democrático. La semana pasada, Tarazona entregó físicamente ese material a la Fiscalía para que fuera incorporado a las labores investigativas.
La respuesta de los investigadores fue ordenar actividades de policía judicial dirigidas a establecer el origen del correo, comprobar la autenticidad de los chats y examinar el contenido de los mensajes. Por ahora, la información entregada está bajo verificación y no se ha establecido públicamente que constituya una prueba concluyente sobre quiénes ordenaron el asesinato.
Las diligencias están a cargo del Grupo de Tareas Especiales creado por instrucción de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, después del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito, en el barrio Modelia, localidad de Fontibón, en Bogotá. Miguel Uribe murió el 11 de agosto de ese año, después de permanecer más de dos meses luchando por su vida.
Dieciséis personas vinculadas formalmente al proceso
De acuerdo con el balance divulgado sobre el expediente, la macroinvestigación registra 16 personas vinculadas formalmente. Ocho han sido condenadas y un adolescente señalado de disparar contra el dirigente político recibió una sanción dentro del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
La Fiscalía también mantiene activas órdenes de captura contra presuntos jefes de la Segunda Marquetalia, estructura disidente de las antiguas Farc que, según la hipótesis investigativa y las declaraciones incorporadas al expediente, habría tenido participación en la organización del crimen.
Uno de los testimonios centrales es el de Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, condenado a más de 22 años de prisión tras aceptar su responsabilidad como intermediario entre los presuntos determinadores y el grupo criminal que habría ejecutado el atentado.
En un interrogatorio rendido el 9 de febrero, Pérez Marroquín aseguró que la Segunda Marquetalia ordenó y financió el asesinato. También señaló a Kendry Téllez Álvarez, alias ‘Yako’, como la persona que le habría comunicado la orden, y mencionó a alias ‘Zarco Aldinever’ como quien presuntamente la impartió.
Según esa declaración, se habría ofrecido una suma de 1.000 millones de pesos por el crimen y reservado otros 600 millones para sobornar a funcionarios judiciales o atentar contra ellos. Estas afirmaciones hacen parte de la versión entregada por el condenado y deben analizarse dentro del conjunto de pruebas del proceso.
‘Zarco Aldinever’, señalado en esa declaración, murió el 11 de agosto de 2025, de acuerdo con la información atribuida al Ministerio de Defensa. La investigación busca establecer las responsabilidades de otros posibles participantes y reconstruir la cadena de mando detrás del atentado.
Las condenas y el papel de la red criminal
Entre los procesados que aceptaron responsabilidad figura Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’, condenado a 26 años y tres meses de prisión. También fue condenado William Fernando Cruz, conocido como ‘El Hermano’, a 21 años y nueve meses.
La investigación atribuyó a ‘El Costeño’ la coordinación de distintas acciones antes y después del ataque. Según la Fiscalía, habría participado en reuniones para distribuir funciones, contactado a otros involucrados y revisado el parque El Golfito antes del evento en el que Miguel Uribe fue atacado.
A alias ‘El Viejo’ se le atribuyeron labores de seguimiento a la víctima, la entrega del arma utilizada en el atentado y apoyo posterior a una de las implicadas para facilitar su desplazamiento fuera de Bogotá. Por estos hechos aceptó cargos en un preacuerdo con la Fiscalía y recibió una condena de 22 años y cuatro meses, según el reporte del caso.
Las decisiones judiciales no han cerrado la investigación sobre los posibles autores intelectuales. La Fiscalía continúa buscando esclarecer quién impartió las órdenes, cómo se financiaron las operaciones y qué personas habrían intervenido en la preparación y ejecución del magnicidio.
¿Qué buscan establecer con los nuevos mensajes?
La revisión de los chats y correos entregados por Tarazona puede resultar relevante si los investigadores consiguen establecer quién los produjo, cuándo fueron enviados y si su contenido coincide con otros elementos del expediente.
La identidad de la persona que habría suministrado la información sigue siendo una incógnita pública. También está pendiente determinar si los mensajes contienen datos nuevos, si respaldan hipótesis ya conocidas o si deben descartarse por falta de autenticidad o corroboración.
Por eso, la entrega de este material abre una nueva etapa de verificación, pero no equivale por sí misma a una conclusión sobre los responsables del asesinato. La clave estará en establecer la trazabilidad de las comunicaciones y contrastarlas con testimonios, registros y demás pruebas recaudadas por los investigadores.
