La directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, acudió formalmente ante la Fiscalía General de la Nación para instaurar una denuncia penal tras ser víctima de sistemáticas amenazas de muerte e intimidaciones difundidas a través de diversos perfiles en redes sociales. La alta funcionaria solicitó la intervención urgente de los organismos judiciales e investigadores para identificar y judicializar a los responsables detrás de estos ataques digitales.
Acciones judiciales, contexto de la denuncia y llamado de las autoridades
Radicación de la denuncia formal: La titular de la entidad de protección a la niñez radicó la solicitud de investigación penal ante el ente acusador, aportando el material probatorio de las publicaciones, mensajes dirigidos a sus cuentas institucionales y perfiles involucrados en las intimidaciones directas contra su integridad.
Petición a los organismos de inteligencia y fiscalía: Restrepo solicitó celeridad en los rastreos informáticos por parte de la unidad de delitos cibernéticos del CTI y la Policía Nacional para determinar el origen de las cuentas y establecer si corresponden a ataques coordinados.
Garantías de seguridad e institucionalidad: Ante los hechos, la administración reafirmó que el trabajo de reestructuración, control de recursos y atención a la infancia vulnerada continuará de manera ininterrumpida a nivel nacional, rechazando cualquier intento de coacción o amedrentamiento contra los servidores públicos de la entidad.
El caso ya se encuentra en manos de los fiscales asignados para dar con la identificación de los autores de estos mensajes amedrentadores y garantizar las medidas de protección correspondientes para la alta funcionaria
