El Gobierno de Abelardo De La Espriella dio un nuevo paso en el desmonte de las medidas que habían frenado las extradiciones de varios cabecillas que participaron en los procesos de diálogo impulsados durante la denominada ‘Paz Total’ del expresidente Gustavo Petro.
El Ejecutivo ordenó hacer efectiva la entrega a Estados Unidos de Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’; Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, y Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, quienes permanecen bajo custodia de las autoridades colombianas.
La decisión había sido anunciada previamente por el presidente De La Espriella, quien junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, firmó las resoluciones para reactivar las extradiciones. Los tres son requeridos por Estados Unidos en procesos relacionados con delitos como narcotráfico, porte de armas y narcoterrorismo.
Ahora, según la información conocida por EL TIEMPO, el Gobierno habría dado la instrucción definitiva para concretar las entregas. Incluso, se espera que en las próximas horas llegue a Colombia un avión de la DEA para realizar el traslado de los tres hombres hacia territorio estadounidense.
La medida representa un giro frente al tratamiento que recibieron estos casos durante la administración anterior. Las solicitudes de extradición ya habían sido aprobadas en 2025, pero las entregas permanecieron suspendidas mientras los señalados participaban en espacios de negociación con el Gobierno Petro.

‘Mocho Olmedo’, uno de los objetivos
Willington Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, es señalado como uno de los principales integrantes del Frente 33 de las disidencias de las Farc.
Su proceso de extradición había avanzado favorablemente ante las autoridades colombianas, pero la entrega a Estados Unidos quedó aplazada debido a su participación en las conversaciones con el Gobierno anterior.
Estados Unidos lo requiere por investigaciones relacionadas con narcotráfico, concierto para delinquir y lavado de activos, de acuerdo con los antecedentes divulgados sobre el caso.
El caso de alias ‘Araña’
Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, es identificado por las autoridades como uno de los principales dirigentes de los Comandos de la Frontera, estructura con presencia en Putumayo y zonas cercanas a la frontera con Ecuador.
Rojas fue capturado en Bogotá en febrero de 2025, después de participar en actividades relacionadas con las conversaciones de paz. Su requerimiento por parte de Estados Unidos está relacionado con delitos de narcotráfico y otros cargos asociados a su presunta actividad criminal.
Su extradición se convirtió en uno de los casos más controvertidos de la anterior política de paz, debido a que su captura ocurrió cuando hacía parte de los espacios de diálogo.
‘Muñeca’, otro de los nombres incluidos
Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias ‘Muñeca’, completa el grupo de tres personas que actualmente están bajo custodia y cuya entrega a las autoridades estadounidenses será ejecutada por decisión del Gobierno.
Castillo ha sido relacionado con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, organización conocida como ‘Los Pachencas’, una estructura con presencia en el norte del país y vinculada por las autoridades a diferentes actividades criminales.
El mensaje del Gobierno
La decisión forma parte de una política de seguridad que busca marcar distancia con el esquema de negociación utilizado durante el Gobierno Petro.
Cuando anunció las extradiciones, De La Espriella sostuvo que “la paz no puede ser refugio para criminales ni mecanismo de impunidad”, al explicar su determinación de reactivar los procedimientos.
El Gobierno también ordenó avanzar con las extradiciones de Gabriel Yepes Mejía, alias ‘HH’, y Fredy Castillo Carrillo, alias ‘Pinocho’. Sin embargo, estos dos hombres permanecen prófugos, por lo que primero deberán ser ubicados y capturados para que sus respectivos procesos puedan hacerse efectivos.
Con la eventual salida de ‘Mocho Olmedo’, ‘Araña’ y ‘Muñeca’ hacia Estados Unidos, la administración De La Espriella profundiza el giro en materia de seguridad y cooperación judicial con Washington, mientras deja atrás uno de los principales mecanismos utilizados por el anterior Gobierno para mantener suspendidas determinadas extradiciones en medio de los procesos de diálogo.
El traslado quedará ahora sujeto a la culminación de los procedimientos operativos y judiciales correspondientes y a la llegada del dispositivo dispuesto para llevar a los tres requeridos ante la justicia estadounidense.










