Los esquemas de protección habían sido aprobados durante el gobierno de Gustavo Petro, cuando Augusto Rodríguez se encontraba al frente de la UNP. Tanto Guerrero como Coral han sido identificados como personas cercanas al sector político del Pacto Histórico.
La decisión sobre Guerrero se conoce en medio del proceso judicial que enfrenta la exfuncionaria. La Fiscalía la imputó por presuntamente haber presentado títulos falsos de la Universidad San José en su hoja de vida para asumir el cargo de viceministra de las Juventudes.
Guerrero también ha sido mencionada en otras investigaciones y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en trámites de contratos estatales durante la anterior administración. Estas acusaciones deberán ser determinadas por las autoridades competentes y no constituyen por sí mismas una condena.
En el caso de Beto Coral, el youtuber regresó a Colombia después de ser expulsado de Estados Unidos. Su situación migratoria fue presentada por el gobierno de Donald Trump como un caso relacionado con un presunto uso indebido de las normas de asilo estadounidenses.
La determinación de la UNP abre ahora un nuevo capítulo para ambos, quienes deberán decidir si recurren la medida dentro del plazo establecido. Mientras tanto, la entidad deberá continuar con sus procedimientos para determinar las condiciones de seguridad y protección que correspondan según la evaluación de riesgo de cada persona.
La decisión representa además un cambio frente a los esquemas que habían sido asignados durante el gobierno Petro y vuelve a poner bajo la lupa los criterios utilizados por la UNP para otorgar protección a figuras vinculadas al escenario político nacional.
