Cerca de un millón quinientas mil víctimas del conflicto armado se encuentran en las zonas de afectación de la tragedia sísmica ocurrida el pasado 10 de agosto, ante lo cual la Procuraduría instaló una mesa de trabajo con la directora de la Unidad para las Víctimas, Jensy Osorio, y su equipo directivo.
Entre las principales conclusiones y acuerdos institucionales se destacan los siguientes: i) Previo diagnóstico de necesidades de las víctimas, y en un trabajo articulado con alcaldías y gobernaciones, la Unidad priorizará la entrega de ayudas humanitarias en las zonas afectadas por el sismo; ii) Se instalarán mesas de trabajo para dar solución a problemáticas urgentes como albergues temporales, centros regionales de atención a víctimas y centros de atención afectados, soluciones de vivienda para las víctimas y rutas especiales de indemnización administrativa.
De igual forma, se emitirán lineamientos ante el Ministerio Público, relacionados con las declaraciones cuya ocurrencia fue de vigencias anteriores al año 2023 y que, con ocasión del terremoto, vieron vencer el plazo establecido en la Ley 2421 de 2024 (que estableció mecanismos para mejorar la atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado), que finalizó el pasado 22 de agosto.
Por último, el ente de control resaltó la buena disposición y compromiso de la Unidad para las Víctimas en la atención de la emergencia e hizo un llamado a las demás entidades para el pleno resarcimiento de los derechos de estas personas.
