Una creciente controversia se ha instalado al interior de la Corte Constitucional por el funcionamiento del sistema utilizado para repartir los expedientes entre los magistrados del alto tribunal. La situación ha puesto nuevamente bajo la lupa al magistrado Vladimir Fernández, quien fue secretario jurídico durante el gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con información conocida por SEMANA y atribuida a fuentes internas de la Corte, existirían inquietudes sobre la frecuencia con la que procesos relacionados con figuras o decisiones del anterior gobierno han terminado en el despacho de Fernández.
Uno de los antecedentes que alimentó las sospechas se remonta a abril de 2025, cuando por reparto le correspondió a Fernández estudiar una tutela presentada por el entonces presidente Gustavo Petro contra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Posteriormente, otro proceso de alto interés político también quedó en manos del magistrado. Se trató de la tutela presentada por el exsenador Alexander López contra una decisión del Consejo de Estado que había dejado sin efecto su elección como congresista.
La Corte Constitucional terminó fallando a favor de López, lo que permitió su regreso al Congreso y generó nuevas discusiones alrededor del despacho de Fernández.
La situación volvió a generar cuestionamientos recientemente por la asignación de una tutela relacionada con Lina Castillo y la Fiscalía General de la Nación, proceso que tiene como contexto una denuncia contra Hollman Morris, exgerente de RTVC y figura cercana al petrismo, por un presunto caso de acoso sexual.
Estos casos han llevado a que, según la información publicada, se solicite internamente una revisión para establecer si existe alguna anomalía en el mecanismo de reparto y determinar por qué varios expedientes vinculados con integrantes o decisiones del anterior gobierno han terminado bajo la ponencia de Fernández.
La revisión también habría puesto la atención sobre el funcionamiento del sistema informático encargado de realizar la asignación de los procesos. En ese contexto, se habría solicitado verificar la labor de Isaac Sáenz, jefe de sistemas de la Corte Constitucional, con el propósito de establecer si el programa opera bajo los parámetros establecidos.
Por ahora, las inquietudes corresponden a solicitudes de verificación y no constituyen una conclusión sobre la existencia de manipulación o irregularidades en el reparto.
La controversia se produce además en un momento de especial sensibilidad para la Corte Constitucional, que tiene en sus manos decisiones de alto impacto político y jurídico relacionadas con el Gobierno nacional y con actuaciones de la anterior administración.
El magistrado Vladimir Fernández llegó a la Corte después de desempeñarse como secretario jurídico de la Presidencia durante el gobierno de Gustavo Petro. Desde su llegada al alto tribunal, algunas de sus actuaciones han sido objeto de especial atención debido a su anterior cercanía institucional con el expresidente.
La discusión ahora se concentra en determinar si el sistema de reparto funciona de manera completamente aleatoria y transparente o si, por el contrario, existen elementos que ameriten una revisión técnica y administrativa más profunda.
