La Corte Constitucional declaró inexequible el Decreto Legislativo 44 del 21 de enero de 2026, con el que el Gobierno había creado una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para empresas de servicios públicos domiciliarios dedicadas a la generación de energía eléctrica.
La decisión del alto tribunal implica que la medida queda sin efectos jurídicos y no podrá seguir aplicándose dentro del ordenamiento legal.
Uno de los puntos más relevantes del fallo es que la declaratoria de inexequibilidad tendrá efectos retroactivos, lo que obliga a devolver las sumas de dinero que hayan sido recaudadas por este concepto.
Esto impacta directamente a las empresas del sector energético que ya habían cumplido con el pago de la contribución, así como a las finanzas públicas que habían contemplado dichos recursos.
Impacto en el sector energético
El decreto buscaba recaudar fondos a partir de las utilidades de las empresas generadoras de energía, en un contexto de medidas adoptadas por el Gobierno en materia económica.
Sin embargo, con esta decisión de la Corte Constitucional, se reabre el debate sobre la legalidad de este tipo de contribuciones y los límites del Ejecutivo para imponer cargas fiscales mediante decretos.
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El fallo marca un precedente clave en materia tributaria y regulatoria, al tiempo que obliga a revisar los mecanismos utilizados para financiar políticas públicas en el sector de servicios públicos.
