La Corte Suprema de Justicia solicitó al presidente del Senado, Lidio García, emitir un concepto jurídico frente a un escenario inédito: la posible posesión como congresista de Wadith Manzur desde un centro de reclusión el próximo 20 de julio.
El caso ha encendido un debate de alto calibre en el ámbito político y jurídico, luego de que Manzur fuera privado de la libertad por decisión del alto tribunal, en el marco de las investigaciones por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. El congresista electo fue imputado por el delito de cohecho impropio.
Defensa apela a derechos políticos
La defensa del dirigente sostiene que, aunque las medidas de aseguramiento son legales, estas no pueden traducirse en la anulación de sus derechos políticos. En ese sentido, argumentan que impedir su posesión equivaldría a desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
El documento radicado plantea además la necesidad de definir si la detención preventiva implica, automáticamente, la imposibilidad de ejercer el cargo para el cual fue elegido.
Senado entra a estudiar el caso
Desde el Congreso, el secretario general del Senado, Diego González, confirmó la recepción del oficio y anunció un análisis jurídico exhaustivo para responder a la solicitud.
Según explicó, se revisará tanto la Constitución como la legislación vigente antes de emitir un concepto que podría sentar precedente sobre los límites entre la justicia penal y el ejercicio de los derechos políticos.
Contexto judicial
Manzur se entregó el pasado 12 de marzo y actualmente permanece recluido en la Escuela de Carabineros. Su caso hace parte de una investigación más amplia en la que también fue vinculada la representante Karen Manrique.
La decisión final dependerá del pronunciamiento del Senado, en medio de una discusión que podría redefinir el alcance de las garantías políticas de funcionarios electos bajo investigación judicial.
