La Procuraduría General de la Nación consideró que existen elementos de prueba que permiten una inferencia razonable sobre la posible responsabilidad de Nicolás Petro Burgos en los delitos imputados por la Fiscalía, aunque advirtió inconsistencias y controversias en la solicitud de medida de aseguramiento, especialmente en lo relacionado con la cuantía del presunto peculado.
Así lo expresó el representante del Ministerio Público, Henry Bustos, quien señaló que, a juicio de la Procuraduría, hay material probatorio que permitiría inferir la posible comisión de los delitos de peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, y falsedad en documento público y privado. Según explicó, uno de los principales elementos de prueba son las conversaciones de WhatsApp obtenidas del teléfono de Daysuris Vásquez, expareja del exdiputado.
Bustos aclaró que, si bien no existen chats directos entre Nicolás Petro y otros presuntos implicados, las conversaciones con Vásquez permiten, desde la óptica del Ministerio Público, una inferencia razonable de autoría y participación.
No obstante, la Procuraduría advirtió que la Fiscalía habría incurrido en un error al establecer la cuantía del peculado. En uno de los hechos investigados, se indicó que se giraron dos cheques por valores de 36 millones y 9 millones de pesos, pero en el material probatorio se evidencia que el cheque de 36 millones fue inicialmente diligenciado por error en 36 mil pesos, por lo que fue corregido. En ese sentido, la Fiscalía habría sumado ambos valores y señalado un monto de 72 millones, cuando en realidad se trataría de un solo giro. Dicho cheque estaba dirigido a Daysuris Vásquez.
El representante de la Procuraduría insistió en que, aunque hay suficiente material probatorio, es necesario aclarar con precisión la cuantía atribuida en el presunto delito de peculado.
Sobre el delito de tráfico de influencias, Bustos indicó que los elementos conocidos muestran que Nicolás Petro presuntamente daba instrucciones a través de Daysuris Vásquez, quien se comunicaba con funcionarios de la Gobernación del Atlántico y con el representante legal de la Fundación Conciencia Social. Sin embargo, reiteró que no existen chats directos entre el exdiputado y dichos funcionarios, por lo que no hay evidencia directa de una influencia ejercida de manera personal.
En relación con la posible obstrucción a la justicia, la Procuraduría señaló que la Fiscalía argumentó este riesgo con base en el ingreso de un policía al sistema SPOA para consultar el proceso y en el hecho de que, ese mismo día, Nicolás Petro otorgó poder a su abogado ante los centros de servicios judiciales de Bogotá y Barranquilla. No obstante, Bustos afirmó que no se presentó evidencia que demuestre que el exdiputado haya influido en el uniformado ni que exista una relación directa entre ambos hechos.
Finalmente, recordó que la Fiscalía imputó a Nicolás Petro por presuntamente apropiarse de recursos de la Gobernación del Atlántico, a través de la Fundación Conciencia Social, destinados a la atención de adultos mayores en municipios del departamento. El exdiputado no aceptó los cargos.
