La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov; a la directora de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán, y a la exgestora Social, Sara Catalina Pedraza Canaría, por su presunta participación en anomalías detectadas en la firma de contratos de prestación de servicios. Ninguno de los procesados fue cobijado con medida privativa de la libertad.
Según la investigación, en febrero de 2024 se firmó un primer contrato por 19,8 millones de pesos que no se ejecutó. Posteriormente, se suscribió un segundo acuerdo a través de la empresa pública Ecovivienda por 54,2 millones de pesos. La Fiscalía señaló que los trámites contractuales comenzaron después de que se presentara una demanda de nulidad contra la elección del mandatario y concluyeron cuando la acción legal fue retirada.
Los elementos probatorios indican que Krasnov habría amenazado al entonces gerente de Ecovivienda para presionarlo a celebrar el contrato y expedir un documento que supuestamente lo eximía de responsabilidad.
Por estos hechos, el alcalde fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigo. A su vez, Sara Catalina Pedraza Canaría y Luz Mila Acevedo Galán enfrentan cargos por interés indebido en la celebración de contratos, en calidad de cómplice y coautora, respectivamente.
El juez de control de garantías que dirigió las audiencias aceptó la solicitud de la Fiscalía de imponer medidas no privativas de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
